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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para estabilizar empleo temporal en la Administración General del Estado. Anula ese real decreto solo en la parte de las plazas de concurso para los Cuerpos de Gestión Civil del Estado y General Auxiliar que no reservaban cupo para personas con discapacidad. El resto del recurso se desestima.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Anula el inciso «más representativas» del artículo 11.2.c).5.º de ese Estatuto. No impone costas y ordena publicar la sentencia en el BOE.

El Tribunal Supremo estima el recurso de varias asociaciones de empresas de dependencia y anula la disposición final primera del Real Decreto 893/2024, que regulaba la protección de la seguridad y salud en el servicio del hogar familiar. Ordena publicar el fallo en el BOE e imponer las costas a la Administración.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 709/2024, que crea los órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos. Anula el inciso «más representativas» del artículo 4.1.c), 6.º y rechaza el resto de la demanda. No impone costas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Comisiones Obreras contra el Real Decreto 656/2024, que aprobaba la oferta de empleo público de 2024. Anula su anexo II porque no respeta los porcentajes de plazas entre acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo General de Procuradores de España y anula el Real Decreto 64/2023, que aprobaba el Reglamento de acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. La norma se anula por ser contraria a derecho y se ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la ejecución de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. La suspensión afecta a 73 plazas de acceso libre y 45 plazas de promoción interna del Subgrupo A2. La medida se adopta mientras se resuelve el recurso contra el Real Decreto 656/2024.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 625/2023, que aprobaba la oferta de empleo público de 2023, y anula su anexo II. El motivo es que ese anexo no respeta los porcentajes de reparto de plazas entre acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la parte de la Oferta de Empleo Público de 2024 que afecta al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. La suspensión alcanza al exceso de 11 plazas del turno libre, que queda en 114 plazas, y se mantienen 38 para promoción interna.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de una asociación profesional contra la oferta de empleo público de 2023 y contra el acuerdo del Consejo de Ministros que inadmitió su recurso de reposición. Anula ese acuerdo del Consejo de Ministros y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que crea la Comisión Interministerial para incluir cláusulas sociales en la contratación pública. Declara nulo el inciso «más representativas a nivel estatal» del artículo 3.1.e).14.º y rechaza el resto del recurso.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Ayuntamiento de Lucena del Puerto contra el Real Decreto que concedía subvenciones directas a los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para erradicar asentamientos irregulares de temporeros. Anula ese real decreto y ordena iniciar un proceso de concurrencia competitiva para conceder las ayudas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Consejo General de la Abogacía Española contra el Reglamento de acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. Anula un inciso del artículo 3.3 de ese Reglamento y no impone costas a ninguna de las partes.