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Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

Modifica el real decreto que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Adapta estos registros a la Ley Orgánica 4/2024, que traspone una directiva europea sobre intercambio de antecedentes penales. Incluye la creación de un Registro Central de Menores.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia. El recurso lo presentan cincuenta diputados y pide anular la ley entera o, si no, varios artículos y disposiciones concretos.

Establece exenciones para los pilotos, instructores y examinadores de aeronaves ultraligeras durante la crisis sanitaria del COVID-19. Amplía la validez de los exámenes teóricos, de las habilitaciones de las licencias y de los certificados de examinador.

Actualiza las medidas de ordenación de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma por el COVID-19 para adaptarlas al proceso de desescalada. Regula restricciones, traslados de embarcaciones de recreo y agua de lastre, y modifica otra orden anterior.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) amplía cuatro meses la validez de las verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo. Se aplica a operadores de transporte aéreo comercial con certificado de AESA, con efectos desde el 14 de marzo de 2020.

Concede exenciones para ampliar la validez de licencias, habilitaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y tripulación de cabina, ante las dificultades de acceso a exámenes y entrenamientos por la crisis del COVID-19.

Establece exenciones temporales en la normativa nacional de aviación civil por la crisis del COVID-19. Permite prorrogar certificados de revisión de aeronavegabilidad y certificados médicos de pilotos de drones cuando no puedan renovarse por las restricciones de movimiento.

Amplía seis meses la validez de certificados de formación sanitaria, de revisión de botiquines a bordo y médicos de aptitud para el embarque en el sector marítimo-pesquero durante el estado de alarma por COVID-19. También permite solicitar telemáticamente la revisión de botiquines y deroga la resolución anterior de 16 de marzo.

Concede exenciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves y para la formación de técnicos de mantenimiento, ante las dificultades causadas por la crisis del COVID-19. Permite prorrogar certificados de revisión de aeronavegabilidad y ampliar plazos de formación de tipo y en el puesto de trabajo.

Prorroga automáticamente los certificados de verificaciones y mantenimientos periódicos de seguridad industrial y de control metrológico del Estado que caduquen durante el estado de alarma por COVID-19. La prórroga dura hasta 30 días naturales después de que termine el estado de alarma y sus prórrogas.

Modifica la Orden TMA/258/2020 para ampliar el plazo de validez de determinados títulos administrativos de la administración marítima y para regular servicios vinculados a la flota civil de recreo o deportiva durante el estado de alarma por COVID-19.