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Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña para cubrir las reclamaciones que se presenten contra empleados públicos, altos cargos y miembros del Gobierno por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Regula su finalidad, dotación mínima, gestión, riesgos cubiertos y condiciones para solicitar la cobertura.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la instalación de equipos de mejora de la eficiencia energética o hídrica y de sistemas de energías renovables en edificios en régimen de propiedad horizontal. También cambia el Decreto-ley 10/2020 sobre medidas para personas jurídicas de derecho privado.

Establece medidas extraordinarias para las juntas de propietarios de comunidades en régimen de propiedad horizontal ante el impacto de la COVID-19. Regula la suspensión de la obligación de convocar y celebrar juntas, la prórroga del presupuesto anual y la adopción de acuerdos sin reunión.

Aprueba los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022. Regula los ingresos y gastos, las modificaciones de créditos, los gastos de personal, las operaciones de endeudamiento, las normas tributarias y la participación de los entes locales en los ingresos.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la violencia vicaria en las relaciones entre padres e hijos. Cambia los artículos sobre guarda, estancias y relaciones personales cuando hay indicios de violencia machista o familiar. Incluye una disposición sobre expedientes en trámite y su entrada en vigor.

Modifica normas catalanas para acelerar el despliegue de energías renovables distribuidas y participadas. Regula el autoconsumo eléctrico, crea la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables y ajusta el Decreto-ley 16/2019 y la Ley 16/2017 del cambio climático.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Modifica el Decreto-ley 18/2021 para que el personal del sector público de la Generalitat de Cataluña recupere en la nómina de noviembre de 2021 el 100% del importe de la paga extraordinaria que dejó de percibir en 2014, en lugar del 55% previsto inicialmente.

Modifica el Decreto-ley 41/2020 para que el Departamento de Salud comunique a la dirección de los centros educativos los datos de vacunación contra la COVID-19, además de los resultados de pruebas diagnósticas. La comunicación se hace mediante los sistemas de información establecidos.

Crea el Fondo extraordinario adicional 2021 para los entes locales de Cataluña, con una dotación de 100 millones de euros. Regula qué entes pueden recibirlo, cómo se reparte y cómo se entrega el dinero.

Modifica el artículo 211 de la Ley 2/2014 sobre la acreditación de una tercera lengua por el estudiantado de grado de las universidades catalanas. Cambia el modelo de exigencia del nivel B2 al finalizar los estudios y regula el procedimiento de acreditación a través del Consejo Interuniversitario de Cataluña.

Adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma estatal que sustituye el procedimiento de modificación judicial de la capacidad por procesos de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Regula la asistencia como medida de apoyo y fija reglas transitorias para las medidas ya existentes.