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Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que actualiza el marco de referencia de la competencia digital docente. Este marco fija áreas, competencias, niveles e indicadores sobre el uso de tecnologías digitales por parte del profesorado. Sustituye al marco aprobado en 2020.

Establece el procedimiento para aprobar cambios en el espacio aéreo y en los procedimientos civiles de vuelo en España. Regula las solicitudes, el diseño, la evaluación ambiental, la coordinación entre ministerios y la aprobación de estos cambios.

Modifica las bases de las subvenciones del SEPE a las comunidades autónomas para renovar oficinas de empleo. Las comunidades ya no tendrán que presentar una declaración responsable sobre estar al corriente de impuestos y Seguridad Social: el SEPE pedirá esos certificados directamente.

Crea un mecanismo para compensar a ciertas empresas industriales por los costes indirectos de las emisiones de CO2 que soportan, dentro del periodo 2021-2030. Regula quién puede recibir estas ayudas y cómo se solicitan, tramitan y controlan.

Amplía la vigencia de los certificados de suficiencia de los capítulos V y VI del Convenio STCW para marinos que aún no han hecho el curso de mantenimiento de la competencia. Fija como fecha límite el 30 de septiembre de 2022 para los ya prorrogados y permite otra ampliación de hasta 12 meses desde la solicitud.

Regula los títulos profesionales y las tarjetas profesionales de la Marina Mercante, así como la formación y evaluación de los marinos. Establece los requisitos para obtener cada título y las funciones que permite desempeñar a bordo.

Permite que los vehículos de transporte sanitario que superen los diez años de antigüedad desde su primera matriculación sigan prestando servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. Se añade esta excepción temporal a la norma que regula el transporte sanitario por carretera.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba una forma alternativa de cumplir el requisito de cualificación del Responsable de Seguridad en organizaciones de gestión de la aeronavegabilidad (CAMO) que también son compañías aéreas. Permite sustituir parte del perfil exigido por formación y prácticas documentadas.

Establece las instrucciones para que los centros de universidades públicas y privadas obtengan la acreditación institucional, y publica dos protocolos: uno para certificar sus sistemas internos de garantía de calidad y otro para evaluar la renovación de esa acreditación.

Aprueba los modelos oficiales de certificado que los Servicios Sociales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social deben usar para acreditar los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital. Estos modelos figuran en los anexos I y II.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes eléctricos. El manual fija los requisitos técnicos, la clasificación, los ensayos de certificación y los sistemas de identificación que estos vehículos deben cumplir para poder circular.

Establece los criterios para que el caucho granulado y el polvo de caucho obtenidos de neumáticos fuera de uso dejen de ser considerados residuos cuando se destinan a ciertas aplicaciones. También modifica otras órdenes sobre papel y cartón recuperado, aceite usado y fuel recuperado.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba un método alternativo para cumplir el requisito de cualificación del Responsable de Seguridad en organizaciones de gestión de la aeronavegabilidad (CAMO). Permite nombrar un adjunto al Responsable de Seguridad con formación y experiencia específicas cuando la misma persona deba cubrir también los requisitos de un operador aéreo.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba y publica los medios aceptables de cumplimiento sobre la formación y certificación de los pilotos de aeronaves pilotadas por control remoto (drones). Estos criterios no son obligatorios y sirven para demostrar el cumplimiento de los requisitos de los artículos 33, 34, 35 y 38 del Real Decreto 1036/2017.