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Modifica el Real Decreto 1363/2018, que regula las ayudas del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023. Elimina los importes máximos nacionales de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos y a la replantación tras arranque obligatorio, para que los fijen las comunidades autónomas. También corrige erratas y hace cambios técnicos en varios artículos y anexos.

Establece que la tasa por inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros se puede pagar de forma voluntaria por internet. Fija el procedimiento para presentar la autoliquidación y pagar esta tasa, gestionada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Acuerda que no se suspendan los plazos fijados por la Orden APA/377/2020 para la campaña agrícola de 2020. Esa orden había ampliado hasta el 15 de junio el plazo para presentar la solicitud única de ayudas de la Política Agrícola Común.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que recoge medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Reconoce las repercusiones económicas de instalar generación eléctrica adicional de emergencia en la isla de Formentera entre el 15 de mayo y el 15 de octubre de 2020. La medida busca evitar sobrecargas y cortes de suministro en el sistema eléctrico Ibiza-Formentera.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.

Aprueba un tercer paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye ayudas para trabajadores autónomos, medidas de gestión para las administraciones públicas, apoyo a la investigación científica y coordinación de los servicios de prevención.

Amplía para 2020 los plazos de presentación de la solicitud única de ayudas de la Política Agrícola Común y de sus modificaciones, así como otros plazos de los reales decretos que regulan su aplicación en España. La solicitud única podrá presentarse hasta el 15 de junio de 2020 y las modificaciones hasta el 30 de junio de 2020.

Fija qué actividades económicas pueden pedir a la Tesorería General de la Seguridad Social una moratoria de seis meses sin interés en el pago de cotizaciones. La moratoria se aplica a empresas y trabajadores por cuenta propia no suspendidos por el estado de alarma, según una lista de códigos CNAE-2009.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Establece medidas urgentes en la contratación pública de Extremadura para responder al impacto económico del COVID-19. Regula la prórroga de la continuidad de los contratos, los pagos parciales y la colaboración entre órganos de contratación.

Adelanta del 15 de junio al 1 de junio de 2020 la fecha desde la que se puede pagar deudas con tarjeta de crédito o débito en la sede electrónica de la Agencia Tributaria usando el sistema Cl@VE PIN.

Modifica los límites de deuda con la Seguridad Social para aplazar pagos y para no exigir garantías. Eleva los importes que fijan qué órgano concede cada aplazamiento y sube las cuantías por debajo de las cuales no se piden garantías.

Amplía hasta el 15 de mayo de 2020, incluido, el plazo para presentar la solicitud única de las ayudas de la PAC del año 2020. El plazo habitual terminaba el 30 de abril. La medida se debe a las restricciones de movimiento del estado de alarma por el COVID-19.

Permite a las personas físicas pagar sus deudas tributarias con tarjeta de crédito o débito en la sede electrónica de la Agencia Tributaria usando el sistema Cl@vePIN, en lugar de exigir firma electrónica avanzada. Regula los requisitos y el procedimiento de identificación ante las entidades colaboradoras.

Modifica la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña. Aclara qué ayudas no cuentan como ingresos, reduce a dos meses el periodo de falta de ingresos exigido y precisa la documentación bancaria a presentar.

Establece el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito: su definición, las actividades que pueden realizar, los requisitos para obtener y mantener la autorización, las obligaciones de solvencia e información y las reglas de supervisión. También modifica el Reglamento del Registro Mercantil y otra norma sobre entidades de crédito.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Energonostrum, S.A. y anula la previsión del anexo III de la Orden ETU/257/2018 que le obligaba a aportar 318.905,18 euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2018. No se imponen costas.