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Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Establece qué información deben enviar los ayuntamientos sobre su esfuerzo fiscal de 2024 y cómo comprobarla. Fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Habilita el sistema para que los ayuntamientos y otras entidades locales soliciten por vía electrónica al Estado la compensación por las cuotas del IBI que dejan de cobrar por la exención reconocida a los centros docentes con concierto educativo.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2022 para el cálculo de su participación en los tributos del Estado. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2024 y la forma de envío telemático con firma electrónica, y regula cómo las Delegaciones de Economía y Hacienda comprueban esos datos.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Modifica el Real Decreto 682/2021 para reorganizar la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajusta las competencias y la organización de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, la Secretaría General de Fondos Europeos y la Secretaría de Estado de Función Pública.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2022, tras la exención aprobada por el Real Decreto-ley 4/2022 para titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas con pérdidas por la sequía.

Establece el sistema electrónico para que los ayuntamientos soliciten la compensación por la pérdida de recaudación de las bonificaciones del 95 % en el IAE y el IBI de cooperativas y sociedades agrarias de transformación. Las solicitudes se presentan solo por la Oficina Virtual, mediante la aplicación COTRIL.

Establece cómo deben los ayuntamientos calcular y enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2020, necesaria para la liquidación de su participación en los tributos del Estado de 2022. Fija el 30 de junio de 2022 como fecha límite y regula la comprobación de esos datos por las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Actualiza la norma que organiza las Delegaciones de Economía y Hacienda para incorporar cambios aprobados desde 1999. Elimina referencias a las Direcciones de Comercio, a los Centros Regionales del Instituto de Estudios Fiscales y a las competencias sobre Loterías y Apuestas del Estado.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.

Regula la concesión directa de subvenciones a las entidades locales que prestan el servicio de transporte público. Establece quiénes pueden recibirlas, la cuantía, el procedimiento de concesión, las obligaciones, la financiación, el pago y la justificación.

Establece el procedimiento, el plazo y el formulario para que las entidades locales remitan al Ministerio de Hacienda información económica sobre el servicio de transporte público prestado en 2019. Esta información servirá para determinar una posible concesión directa de subvenciones.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2019, necesaria para calcular su participación en los tributos del Estado de 2021. Fija el 30 de junio de 2021 como fecha límite y elimina la presentación en papel.