Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público.

En virtud del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de transporte, a fin de garantizar una movilidad justa y sostenible, y corresponde al Ministerio de Hacienda la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios tienen competencias propias en materia de transporte colectivo urbano, y el artículo 26 establece la obligación de prestación del servicio para los municipios de población superior a 50.000 habitantes. Al mismo tiempo, el artículo 31 de la misma ley establece la obligación de las provincias de asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, entre los que debe incluirse el de transporte público, y, según el artículo 36, garantizar la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.

Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se ha producido en 2020 una fuerte reducción de la demanda del servicio de transporte público, cuya prestación se ha debido mantener por las entidades locales en los mismos términos en los que lo venían haciendo con anterioridad.

Mediante la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, se han dictado instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público.

Esa información de contenido económico-financiero y relativa a la gestión de aquel servicio por las entidades locales, se ha remitido por los respectivos titulares del órgano de intervención o unidad que ejerce sus funciones, a través de medios electrónicos cumplimentando el modelo normalizado que el Ministerio de Hacienda habilitó y con arreglo al procedimiento que se ha desarrollado con anterioridad al presente real decreto. El suministro de aquella información se ha materializado mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Como se indicaba en el preámbulo de aquella resolución, la mencionada información debe servir de fundamento «para determinar una posible futura concesión directa de subvenciones a favor de aquellas entidades en las que concurra la condición de haber prestado dicho servicio en cualquier modalidad, lo que se determinará, en su caso, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, considerando a estos efectos el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se ha producido la situación de pandemia, y que fue 2019».