Buscar en el BOE

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.

Autoriza a España a ratificar cuatro enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden supuestos de crímenes de guerra: uso de armas biológicas, de fragmentos no detectables por rayos X y láser cegadoras, y hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

Prorroga la validez de las tarjetas de identidad de extranjero expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que tienen protección temporal en España. La prórroga se vincula a la extensión de la protección temporal hasta el 4 de marzo de 2026.

Prorroga hasta el 4 de marzo de 2025 la validez de las Tarjetas de Identidad de Extranjero ya expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que tienen protección temporal en España. No hace falta pedir una tarjeta nueva.

Concreta los requisitos y condiciones para conceder ayudas directas a empresas de pesca y acuicultura que cubren costes adicionales de producción asumidos entre el 24 de febrero y el 30 de junio de 2022 por la subida de precios. Además, convoca estas ayudas para el año 2022.

Modifica el Decreto-ley Foral 1/2022 de Navarra para ampliar la revisión excepcional de precios a contratos públicos de obras de menos de doce meses, con un mínimo de cuatro meses. También aclara la redacción de algunos puntos.

La Ley autoriza un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar ayudas a sectores económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucrania. Incluye medidas para empresas exportadoras, industriales, agroalimentarias, transporte por carretera, transporte escolar, residencias de servicios sociales y el bono social térmico.

La orden completa la liberación de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en España. Esta liberación forma parte de la segunda acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía para responder a la guerra de Ucrania.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Adopta medidas urgentes en Navarra para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye la simplificación de trámites para instalar energías renovables, límites a la subida de la renta en vivienda protegida, revisión excepcional de precios en contratos públicos y medidas fiscales.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.