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Establece cómo prorrogar y renovar las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia y trabajo de personas extranjeras que vivían o trabajaban en municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. También fija el procedimiento para pedir una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas.

Regula el certificado de conductor para el transporte público internacional de mercancías por carretera. Establece cuándo es obligatorio, cómo se expide y su contenido, características y plazo de validez. Deroga la normativa anterior sobre esta materia.

Regula para 2025 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la previsión anual de empleos que se pueden cubrir con personas trabajadoras extranjeras que no residen en España. Establece dos modelos, migración circular (temporada) y migración estable, con ofertas genéricas o nominativas y trámites ordinarios o unificados.

Aprueba el reglamento que desarrolla la ley sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Regula la entrada y salida del país, los visados, la estancia, la residencia temporal y de larga duración, el trabajo, los menores extranjeros y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022 para que el pago anticipado a las entidades que gestionan el sistema de acogida de protección internacional se tramite desde la notificación de la asignación, y no en el último trimestre del año anterior.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una impugnación del Gobierno de la nación contra varios apartados de un acuerdo del Gobierno de Canarias y una resolución sobre menores extranjeros no acompañados. La admisión suspende esas disposiciones desde el 26 de septiembre de 2024.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.

Fija en 90 euros las tasas por tramitar las solicitudes de visado de tránsito aeroportuario (tipo A), corta duración (tipo C), expedido en frontera (tipo C) y nacional de larga duración (tipo D). Deroga la Orden AUC/1139/2021 y adapta la norma española al Reglamento de la Unión Europea.

Establece el procedimiento para autorizar la residencia temporal en España de menores saharauis y la estancia de sus monitores durante el verano de 2024, dentro del programa «Vacaciones en Paz». Fija requisitos, plazos y trámites ante las delegaciones del Gobierno y los consulados.

Modifica la Orden ISM/680/2022, que regula la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada. Cambia el periodo de asignación para que no coincida con el año natural y ajusta la planificación y asignación de actuaciones, prestaciones y servicios.

Establece las condiciones para aplicar el Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre readmisión de personas en situación ilegal. Fija las autoridades competentes de España y Georgia, los pasos fronterizos designados y el procedimiento para solicitudes de readmisión y tránsito.

El Tribunal Supremo anula el artículo 162-2.º-e) del Reglamento de extranjería y la resolución que extinguió la autorización de residencia y trabajo de una persona. También anula la sentencia anterior del tribunal de Cataluña y ordena publicar el fallo en el BOE.

Prorroga hasta el 4 de marzo de 2025 la validez de las Tarjetas de Identidad de Extranjero ya expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que tienen protección temporal en España. No hace falta pedir una tarjeta nueva.

Regula para 2024 la gestión colectiva de contrataciones en origen, es decir, la contratación de trabajadores extranjeros que no residen en España. Establece dos modelos: migración circular (trabajos de temporada con retorno) y migración estable (residencia y trabajo por cuenta ajena).

Modifica la Orden INT/859/2023 para actualizar la estructura y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía. El cambio se refiere a la gestión y coordinación de los dos puntos de contacto nacionales con la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

Desarrolla el régimen disciplinario del sistema de acogida para solicitantes de protección internacional. Define las infracciones leves, graves y muy graves, las sanciones, el procedimiento, los recursos y el reembolso de daños. También regula el tratamiento de los menores.