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Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre mecanismos y estructuras que se usan para eludir la comunicación de datos fiscales. Define qué se considera mecanismo sujeto a comunicación, los plazos y el procedimiento del intercambio, y las reglas de confidencialidad.

Incluye nuevas sustancias psicotrópicas en el anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, que regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de estas sustancias. Las sustancias añadidas son la eutilona, la 3-metilmetcatinona (3-MMC) y la 3-clorometcatinona (3-CMC).

Determina qué países y territorios, y qué regímenes fiscales perjudiciales, se consideran jurisdicciones no cooperativas. Actualiza la lista anterior y establece un régimen transitorio para su aplicación.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

Regula cómo se eligen en España los candidatos a Fiscal Europeo y a Fiscal Europeo Delegado. Fija los requisitos, la comisión de selección, la convocatoria y el procedimiento de selección, y la publicación de la propuesta y su comunicación a la Fiscalía Europea.

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.

España acepta que Vietnam se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entre ambos países entra en vigor el 13 de marzo de 2022.

Modifica el Real Decreto 2829/1977 para incluir nuevas sustancias psicotrópicas en las listas de fiscalización. Añade sustancias a las listas II y IV del Convenio de la ONU de 1971 y a la normativa europea sobre drogas.

España acepta que Nicaragua se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entrará en vigor entre ambos países el 31 de agosto de 2021.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

La adenda añade al acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra un marco para intercambiar información documental y jurisprudencial. Cada institución da a los jueces del otro país acceso a sus bases de datos jurídicas y ofrece formación para usarlas.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra, firmado en 2015. También incorpora y modifica el contenido de una adenda anterior sobre intercambio de información documental y jurisprudencial.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al nuevo Registro Civil único, informatizado y electrónico, y cambia el Código Penal para completar la trasposición de una directiva europea contra el blanqueo de capitales. Los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo serán los encargados del Registro Civil.

Crea una Magistratura de enlace en Bruselas ante las autoridades de Bélgica, también acreditada en Países Bajos y Luxemburgo, y suprime la Magistratura de enlace en Italia. La nueva oficina depende del Ministerio de Justicia y no aumenta el gasto público.

España acepta que Kazajistán se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entra en vigor entre ambos países el 5 de diciembre de 2020.