Buscar en el BOE

Modifica la Instrucción de contabilidad de las entidades de la Seguridad Social para que registren los gastos vinculados a proyectos del Plan de Recuperación con un código único de proyecto. También incorpora a las mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados al subsistema contable de gastos con financiación afectada.

Modifica el plazo para que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social presenten la documentación que justifica la aplicación de coeficientes adicionales para gestionar la incapacidad temporal por contingencias comunes. El plazo pasa a contar desde la rendición de las cuentas anuales de 2021.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

Autoriza a la Jefatura Central de Tráfico a pagar mediante agentes mediadores los pagos masivos de más de 25 transferencias y los pagos a varios acreedores. Fija cómo se tramitan, justifican y controlan esos pagos.

Publica tres normas técnicas de auditoría adaptadas a España: la NIA-ES 250R sobre cómo el auditor debe considerar las leyes y reglamentos, la NIA-ES 315R sobre cómo identificar y valorar el riesgo de errores materiales en las cuentas y la NIA-ES 610R sobre el uso del trabajo de los auditores internos. Estas normas sustituyen a las versiones anteriores.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. Distingue entre pagos en firme, pagos a justificar y pagos para reposiciones de anticipos de caja fija.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Modifica la norma contable de la Seguridad Social para fijar cómo se registran los inmuebles sanitarios y de servicios sociales cedidos a las Comunidades Autónomas, cuya titularidad sigue siendo estatal. Establece criterios de reconocimiento y valoración de estas cesiones de uso.

Publica la norma técnica que indica cómo debe actuar el auditor de cuentas ante los estados financieros presentados en el Formato Electrónico Único Europeo (FEUE). También modifica la NIA-ES 700 (revisada) para incluir en el informe de auditoría la opinión sobre ese formato.

Declara admisibles unas tablas biométricas concretas (de mortalidad y supervivencia) como referencia para las aseguradoras y reaseguradoras. Estas tablas se usan para valorar las provisiones técnicas de los seguros, tanto en la contabilidad como en el régimen especial de solvencia.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Regula el procedimiento para hacer ciertos pagos de la Administración General del Estado a través de agentes mediadores. Obliga a los centros gestores a indicar en los documentos contables si los derechos de cobro son embargables o no. Sustituye a la resolución de 2016 y actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Establece las normas contables para registrar y valorar los ingresos que una empresa obtiene al entregar bienes o prestar servicios a sus clientes. Desarrolla el Plan General de Contabilidad y fija cómo elaborar las cuentas anuales en esta materia.