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Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que aplica a las elecciones a las Cortes de Aragón del 8 de febrero las obligaciones de servicio público al operador postal universal ya fijadas para otros procesos electorales. El acuerdo original se aprobó el 2 de diciembre de 2025.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos y una disposición adicional de la Ley aragonesa 5/2024, sobre comunidades energéticas y autoconsumo industrial. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

Establece el diseño y la estructura de la Oficina Judicial en Aragón para los Tribunales de Instancia que se constituyen el 1 de julio de 2025. Regula los servicios comunes de tramitación y la organización del personal que apoya la función judicial.

Crea las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de Aragón, agrupando oficinas de municipios limítrofes de un mismo partido judicial. Cada agrupación tiene un municipio cabecera con personal de la Administración de Justicia que atiende a todas las oficinas integradas.

Aprueba los nuevos Estatutos de la Universidad de Zaragoza, que sustituyen a los de 2004 y sus modificaciones posteriores. Los Estatutos regulan la naturaleza y fines de la universidad, su estructura (facultades, escuelas, departamentos e institutos), sus órganos de gobierno, la docencia e investigación, la comunidad universitaria, el régimen económico y el régimen electoral.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Convoca elecciones a las Alcaldías Pedáneas de las entidades locales menores de Aragón para el 28 de mayo de 2023. Fija la campaña electoral en quince días, del 12 al 26 de mayo de 2023, y establece que el proceso se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Disuelve las Cortes de Aragón y convoca elecciones autonómicas para el 28 de mayo de 2023. Fija el número de diputados por provincia, el calendario de campaña y la sesión constitutiva del nuevo parlamento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 3/2022 del Gobierno de Aragón sobre contratación pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos en su vigencia y aplicación.

Amplía en 100 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Ese dinero se reparte entre Aragón, País Vasco y Andalucía, que lo habían solicitado porque las peticiones superaban lo asignado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el apartado 6 del artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón. El Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Zaragoza la planteó en un procedimiento de familia, guarda y custodia, por posible contradicción con varios artículos de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos 10 a 13 del Decreto-ley 4/2020 del Gobierno de Aragón, que regula medidas urgentes para la recuperación social y económica. Se cuestiona si esos artículos vulneran los artículos 28.1 y 86.1 de la Constitución.

Amplía el presupuesto del Programa MOVES II, que da ayudas para una movilidad eficiente y sostenible, en 19.830.989,13 euros. Ese dinero se reparte entre cinco comunidades autónomas que habían agotado su asignación y tenían solicitudes en lista de espera.