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Modifica varias circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para adaptarlas al Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Establece cómo los proveedores de servicios de criptoactivos deben remitir información a la CNMV para su supervisión.

Modifica tres circulares de la CNMV sobre fondos de inversión y entidades de capital riesgo. Adapta las normas de la comisión de gestión sobre resultados a las directrices europeas, exige a los fondos de inversión a largo plazo europeos presentar estados de información y establece la presentación electrónica de varios informes.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Establece las normas para elaborar y hacer seguimiento de los planes de acción del Ministerio de Defensa. Estos planes recogen las medidas para corregir los problemas detectados en el control financiero permanente y en la auditoría pública de la gestión económica-financiera del Departamento.

Actualiza la normativa del Banco de España sobre la información que bancos, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico deben comunicar sobre sus participaciones y su estructura de capital. También modifica parcialmente la Circular 1/2009 y fija cómo presentar esos datos.

Publica la norma técnica de auditoría NIA-ES 600 (Revisada), que adapta para España la norma internacional sobre auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de componentes. Sustituye a la norma anterior de 2013.

Modifica dos circulares del Banco de España para adaptarlas a la Ley 18/2022: prohíbe a entidades de crédito de fuera de la Unión Europea captar depósitos del público en España sin sucursal y fija criterios de valoración en la autorización. También revisa la información sobre remuneraciones que entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito deben enviar al Banco de España.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra una orden ministerial sobre el análisis del riesgo de conflicto de interés en procedimientos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Crea la Mesa del sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común. Regula sus funciones, su composición y su funcionamiento, con el fin de aplicar de forma armonizada las medidas de la PAC en España.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Regula qué revisa el Protectorado de fundaciones de competencia estatal cuando las fundaciones presentan sus cuentas anuales y sus planes de actuación. Fija cómo se presentan, cómo se solicita el depósito y qué aspectos se comprueban formalmente.

Modifica las instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública de la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y remiten los informes de auditoría y cómo se piden los planes de acción para corregir los problemas detectados.

Modifica tres circulares del Banco de España para adaptar la normativa española a las reformas bancarias europeas CRD V y CRR II. Ajusta las reglas de supervisión y solvencia de las entidades de crédito, las opciones regulatorias del reglamento europeo y la transparencia de los servicios bancarios.

Actualiza las instrucciones internas para el control financiero permanente que realiza la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y comunican los informes de control y cómo se hace el seguimiento de sus resultados.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

Modifica la Circular 2/2016 del Banco de España sobre supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Con ello completa la adaptación del derecho español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. La norma se enmarca en el desarrollo de herramientas macroprudenciales para el sistema financiero.

Crea la Mesa del sistema integrado de gestión y control de los pagos de la Política Agrícola Común, adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Regula sus funciones, su composición y su forma de funcionamiento.