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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo corrige un error en la sentencia de 25 de junio de 2024 sobre el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La corrección anula los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2 en la parte que se aplicaban a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una Administración.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Ayuntamiento de Lucena del Puerto contra el Real Decreto que concedía subvenciones directas a los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para erradicar asentamientos irregulares de temporeros. Anula ese real decreto y ordena iniciar un proceso de concurrencia competitiva para conceder las ayudas.

El Tribunal Supremo estima en parte un incidente de ejecución de una sentencia anterior y anula en parte una resolución de la Secretaría de Estado de Energía. Reconoce a dos empresas del grupo Iberdrola el derecho a cobrar de la Administración cantidades relacionadas con el bono social y con su gestión.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de Pymes y anula el Real Decreto 1027/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo con fondos Next Generation EU.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Fundación Toro de Lidia contra el Real Decreto que regula el Bono Cultural Joven. Anula la expresión «y taurinos» del artículo 8.2 de esa norma. Impone las costas a la Administración y ordena publicar la sentencia en el BOE.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Foro Español de la Familia contra el Real Decreto 681/2019, que regula subvenciones directas a la estructura central de entidades del Tercer Sector de Acción Social. La sentencia declara que el real decreto no es conforme a Derecho por no incluir a esa entidad como beneficiaria ni fijar su importe, y le reconoce el derecho a recibir la subvención.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 617/2017, que regulaba las ayudas del Plan Movea 2017 para comprar vehículos de energías alternativas y para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos. La sentencia anula varios artículos de esa norma.