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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre varios artículos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Catastro Inmobiliario. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la norma valenciana que impedía a los propietarios de terrenos destinados a dotaciones públicas solicitar la expropiación forzosa. La sentencia anula la disposición transitoria undécima de la Ley 5/2014 y la disposición transitoria vigésima del texto refundido de 2021.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la supresión de los coeficientes de corrección monetaria para actualizar el valor de adquisición de inmuebles al calcular ganancias patrimoniales en el IRPF. La sentencia analiza si esa supresión vulnera el principio de capacidad económica.

El Tribunal Constitucional anula el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley catalán 34/2020, que regulaba las consecuencias cuando arrendador y arrendatario de un local de negocio no llegaban a un acuerdo para restablecer el equilibrio del contrato tras las medidas de la Covid-19. El tribunal considera que la norma autonómica invade la competencia estatal sobre legislación civil.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana sobre dos disposiciones transitorias de la normativa valenciana de ordenación del territorio y urbanismo. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional declara nulos los preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales que obligan a calcular la base del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos con un sistema objetivo de aplicación imperativa. El tribunal considera que ese método puede vulnerar el principio de capacidad contributiva y la prohibición de confiscatoriedad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Barcelona sobre dos letras del artículo 2.1 de un decreto-ley catalán de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica en locales de negocio arrendados. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 40.4, letras a) y c), de la Ley andaluza 7/2007, que excluye de evaluación ambiental estratégica los estudios de detalle y sus revisiones o modificaciones. La sentencia analiza si esa exclusión respeta la legislación básica estatal de evaluación ambiental.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, planteadas por un tribunal andaluz. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

El Tribunal Constitucional anula parte del artículo 6.1.3 de la Ley forestal de Andalucía, que daba a la Junta de Andalucía la potestad de deslindar montes públicos que no son de su titularidad. La nulidad se extiende a la facultad de investigar, recuperar de oficio y deslindar todos los montes públicos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos apartados del artículo 40.4 de la Ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La duda es si esa norma autonómica invade una competencia estatal sobre medio ambiente. El Tribunal se reserva el conocimiento del caso.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley de suelo de Extremadura. Declara extinguida en parte la cuestión porque uno de los preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior, y considera conforme a la Constitución el precepto sobre la adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes a la nueva ley.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley del suelo de Extremadura porque ese precepto ya había sido anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal. La cuestión la había planteado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.