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Establece las bases y abre la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para el «Plan DANA Ocupación». Este plan financia la contratación de personas trabajadoras en municipios afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024, para tareas de reconstrucción y recuperación económica.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios para ejecutar la legislación laboral del Estado sobre autorizaciones iniciales de trabajo, por cuenta propia o ajena, de personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en el País Vasco.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas funciones se suman a las ya transferidas por el Real Decreto 895/2011.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado amplía los servicios traspasados al País Vasco en sanidad, servicios y asistencia social, en la fase de autonomía del sistema de protección internacional. Con ello, el País Vasco asume la atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en esa fase.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital, que atribuye al País Vasco y Navarra funciones de gestión y pago de esta prestación. La sentencia se remite a la doctrina de la STC 19/2024 sobre la constitucionalidad de ese precepto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital y su modificación por la Ley de presupuestos de 2022. La sentencia declara constitucional que el País Vasco y Navarra asuman funciones, servicios y el pago del ingreso mínimo vital en su territorio.

Establece el procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Regula los baremos, los equipos multiprofesionales que evalúan, la resolución, la tarjeta acreditativa, la revisión del grado y las reclamaciones. También fija reglas sobre confidencialidad y sistema de información.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectos de inclusión social, con un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Modifica las bases de las subvenciones del SEPE a las comunidades autónomas para renovar oficinas de empleo. Las comunidades ya no tendrán que presentar una declaración responsable sobre estar al corriente de impuestos y Seguridad Social: el SEPE pedirá esos certificados directamente.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital y contra la disposición final trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que modifica esa misma disposición adicional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esa disposición modifica la disposición adicional quinta de la Ley que establece el ingreso mínimo vital.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios traspasados a la Comunidad de Madrid en materia de asistencia sanitaria. Con ello, la Comunidad de Madrid asume la prestación farmacéutica complementaria a las personas afectadas por el síndrome tóxico.

Establece cómo se aplican las medidas laborales y de desempleo para las zonas declaradas gravemente afectadas por la borrasca Filomena. Regula la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor y el acceso a prestaciones por desempleo en esos casos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para actuaciones de inclusión social, con un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Modifica la norma contable de la Seguridad Social para fijar cómo se registran los inmuebles sanitarios y de servicios sociales cedidos a las Comunidades Autónomas, cuya titularidad sigue siendo estatal. Establece criterios de reconocimiento y valoración de estas cesiones de uso.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Publica un acuerdo que modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El cambio afecta a las titulaciones y cualificaciones exigidas al personal que trabaja en ese sistema.

Regula una forma de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social para comunidades autónomas, entidades locales y sus organismos dependientes. Sustituye los convenios con comunidades autónomas y la Orden de 9 de abril de 2001, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.