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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Modifica la norma que regula vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas. Actualiza estas medidas para adaptarlas a los cambios recientes en el régimen de permisos del personal público, en especial el permiso de nacimiento y cuidado y las medidas de conciliación.

Modifica el modelo 718 del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para que los contribuyentes no residentes en España puedan aplicar el límite de la cuota íntegra, igual que los residentes. Adapta el modelo a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico-Administrativo Central.

Modifica la lista de países y territorios considerados jurisdicciones no cooperativas (antes llamados paraísos fiscales). Actualiza esa relación para reflejar cambios en transparencia y tributación. Incluye una regla transitoria para tributos cuyo periodo impositivo no había terminado al entrar en vigor.

Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

Retrasa la fecha en la que los operadores deben empezar a bloquear los mensajes SMS/MMS/RCS que usen un alias (nombre remitente) no inscrito en el Registro de Alias de la CNMC. La obligación estaba prevista para el 7 de junio de 2026 y se aplaza para permitir terminar la carga de alias en uso.

Modifica la composición del Comité Antifraude del Ministerio de Industria y Turismo para añadir a la persona titular de la Vicesecretaría General Técnica, con voz y voto. El Comité se encarga de prevenir el fraude en el uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Crea el Comité de Integridad y Antifraude del Ministerio de Sanidad y regula cómo se compone, qué funciones tiene y cómo funciona. Sustituye al anterior Comité Antifraude y se enmarca en el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Publica un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que modifica el Comité Especializado contra el Terrorismo. Añade un vocal del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y actualiza los nombres de las vocalías de los ministerios y organismos que lo integran.

Crea el Comité Antifraude del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También regula una Unidad de Control Antifraude y grupos de trabajo. El objetivo es prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de interés en los fondos del Plan de Recuperación.

Modifica la Orden PJC/439/2024 para ampliar el ámbito de actuación de la Mesa de Contratación de la Abogacía General del Estado. Elimina la limitación a materias de energías renovables, eficiencia energética y transición ecológica, y añade la exigencia de transferencia previa del crédito necesario.

Modifica las bases del Plan REINICIA AUTO +, que subvenciona la compra de vehículos nuevos y seminuevos para sustituir los destruidos por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Permite que las personas herederas de fallecidos por la DANA soliciten la ayuda y que los pagos de la compraventa no los haga obligatoriamente el beneficiario.

Fija el importe económico de las actuaciones de los profesionales de la Abogacía y la Procura en el servicio de asistencia jurídica gratuita, según el Anexo II del Reglamento aprobado por Real Decreto 141/2021. Estos importes se aplican en años sucesivos en función de las dotaciones presupuestarias.

Modifica tres órdenes sobre la colaboración de las entidades de crédito en el cobro de deudas tributarias para la Agencia Tributaria. Ajusta el funcionamiento de los pagos por internet y del servicio de consulta del Número de Referencia Completo (NRC).

Regula cómo los Traductores-Intérpretes Jurados, Traductores Jurados e Intérpretes Jurados pueden usar la firma electrónica para certificar sus actuaciones, en lugar de la firma manuscrita y el sello físico. Establece el uso de certificados electrónicos cualificados y la consignación del número de registro y el idioma del trabajo.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.