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Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir un nuevo supuesto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Esta sala conocerá de las solicitudes del Gobierno para convalidar o revocar acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o de explotación de redes, previstos en la Ley General de Telecomunicaciones.

Modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo. También castiga el acoso a los trabajadores sanitarios de esos centros. El tribunal puede prohibir al autor acercarse a determinados lugares.

Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la protección de los hijos e hijas menores de edad que quedan huérfanos cuando su madre es asesinada por violencia de género. Incluye medidas sobre pensión, trámites sucesorios y asistencia jurídica.

Suprime el aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento de las Illes Balears y del presidente y miembros de su Gobierno. Desde su entrada en vigor, sus causas penales y civiles corresponden al órgano judicial que determine la ley, no al Tribunal Superior de Justicia ni al Tribunal Supremo por razón del cargo.

Regula la lucha contra el dopaje en el deporte en España. Establece controles, obligaciones de los deportistas, un régimen de infracciones y sanciones, y la organización administrativa mediante la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.

Reconoce como tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Para ello modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al nuevo Registro Civil único, informatizado y electrónico, y cambia el Código Penal para completar la trasposición de una directiva europea contra el blanqueo de capitales. Los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo serán los encargados del Registro Civil.

Suprime el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, que castigaba de forma agravada las coacciones para impedir el ejercicio del derecho de huelga. Ordena revisar las sentencias firmes dictadas conforme a la norma derogada.

Establece las reglas que aplican al Consejo General del Poder Judicial cuando sus miembros siguen en el cargo pasado el plazo de cinco años sin que se haya nombrado a los nuevos. Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular cómo funciona el Consejo en esa situación de «en funciones».

Regula el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir (eutanasia) en España. Establece los requisitos, el procedimiento médico y las garantías, y crea las Comisiones de Garantía y Evaluación. También modifica el Código Penal.

Modifica el Estatuto de Autonomía de Cantabria para quitar el fuero judicial especial a los diputados del Parlamento de Cantabria y al Presidente y consejeros del Gobierno. Desde su entrada en vigor, sus causas las deciden los jueces y tribunales ordinarios.

Reforma el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para eliminar el aforamiento especial de los diputados regionales y de los miembros del Consejo de Gobierno. También regula la responsabilidad política del Consejo de Gobierno ante la Asamblea, la cuestión de confianza y la moción de censura.

Modifica el Código Penal para eliminar la posibilidad de que un juez autorice la esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Deroga el precepto que eximía de pena esa práctica y regula los procedimientos que ya estaban en curso.

Regula cómo se usan los datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR) de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros en España y fija reglas para recoger, tratar, conservar y compartir esos datos.