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Establece un marco de cooperación policial entre España y el Reino Unido respecto a Gibraltar para que los agentes de un país puedan continuar la vigilancia de una persona en el territorio del otro y no interrumpir la persecución. Crea un grupo de trabajo conjunto y fija condiciones para esas actuaciones.

España ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. La Convención establece normas comunes para que una venta de buque ordenada por un juez tenga efectos de propiedad limpia en otros países firmantes.

Establece las reglas por las que España y Nigeria se entregan mutuamente a personas reclamadas para un proceso penal o para cumplir una condena. Fija los delitos que dan lugar a la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

Establece las reglas por las que España y Jordania se entregan mutuamente a personas reclamadas para ser juzgadas o para cumplir una pena. Fija los delitos que permiten la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

Hace públicas las comunicaciones recibidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre tratados internacionales multilaterales en los que España es parte, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 11 de marzo de 2026. Incluye adhesiones y declaraciones de otros países ante estos tratados.

El Tribunal Constitucional responde al requerimiento del Senado sobre si el artículo 2.4 del Tratado de amistad y cooperación con Francia contradice la Constitución. Ese artículo prevé que un miembro del Gobierno de una parte sea invitado al Consejo de Ministros de la otra al menos cada tres meses. El Tribunal declara que el requerimiento ha perdido su objeto porque el precepto ya no contempla esa presencia.

Publica las comunicaciones recibidas entre el 5 de abril y el 30 de noviembre de 2025 sobre tratados internacionales multilaterales de los que España es parte. Incluye, entre otras, una declaración de Alemania sobre la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.

Establece un convenio entre España y Bolivia para cooperar en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada. Enumera los delitos incluidos, como terrorismo, trata de personas, tráfico de drogas, delitos informáticos y falsificación. Regula la colaboración entre las autoridades competentes de ambos países.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan estatal para controlar que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados usados en España se hayan obtenido legalmente. El plan desarrolla el Protocolo de Nagoya y el Reglamento (UE) n.º 511/2014.

España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.

Establece un marco de cooperación entre España y los Emiratos Árabes Unidos para mantener la seguridad y luchar contra la delincuencia. Incluye el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y armas, la ciberdelincuencia y el blanqueo de dinero, entre otros delitos.

El acuerdo fija que España y el Reino Unido se reparten al 50 % el dinero obtenido de bienes decomisados en un caso concreto. España transferirá al Reino Unido 523.591 euros del total recuperado por la venta de una propiedad en España. El acuerdo entra en vigor con la firma de ambas partes.

Establece el marco para que España ejecute las penas de prisión impuestas por la Corte Penal Internacional. Regula el procedimiento de designación de España, el traslado de la persona condenada, la supervisión de la pena y las condiciones de reclusión.

España ratifica el Protocolo n.º 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este Protocolo permite que los tribunales superiores de un país pidan opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España designa al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo como los órganos que podrán hacer esas consultas.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir que un hecho sea delito también en el país donde se cometió (doble incriminación) para perseguir a españoles por delitos cometidos en el extranjero. La renovación dura tres años desde el 1 de agosto de 2025.

El Convenio de Extradición entre España y Mauritania, firmado en Madrid el 12 de septiembre de 2006, entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Se completa así la publicación hecha en el Boletín Oficial del Estado en 2006.

El Convenio entre España y Mauritania sobre asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. La norma comunica esta fecha tras completarse las notificaciones previstas en el propio Convenio.

El Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre España y Mauritania, firmado en Madrid el 12 de septiembre de 2006, entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Con ello se completa la publicación hecha en el Boletín Oficial del Estado en 2006.