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Establece medidas para frenar las estafas de suplantación de identidad por llamadas y mensajes de texto. Incluye el bloqueo de comunicaciones con numeración no asignada o con origen internacional que simula números nacionales, y regula la identificación de los números usados en atención al cliente y llamadas comerciales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra el Real Decreto 958/2020, sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Anula los apartados 1 y 3 del artículo 13 de esa norma y rechaza el resto de peticiones. No impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 958/2020, que regula la publicidad de las actividades de juego. Anula el artículo 23, apartado 1, de esa norma y rechaza el resto de las pretensiones. No impone costas a ninguna de las partes.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación Española de Juego Digital contra el Real Decreto 958/2020, que regula la publicidad de las actividades de juego. Anula varios artículos y apartados concretos de esa norma y rechaza el resto de las pretensiones.

El Tribunal Constitucional declara extinguida, por desaparición de su objeto, la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 7.2 de la Ley 13/2011, de regulación del juego. La extinción se debe a que ese precepto fue reformado antes de que el tribunal resolviera.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 7.2 de la Ley 13/2011, de regulación del juego, planteada por el Tribunal Supremo. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Modifica la Ley Foral del Juego de Navarra para actualizar la regulación de las actividades de juego en la comunidad. Incluye un estudio sobre fiscalidad y prevé el desarrollo reglamentario de la norma.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.