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El Pleno del Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de los artículos 87, 88 y 89 (apartados 2 y 3) de la Ley 1/1983 de la Comunidad de Madrid, añadidos por la Ley 8/2024. Esos preceptos habían quedado suspendidos al admitirse un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un precepto de la Ley de la Comunidad de Madrid 18/2023 que excluía a asociaciones y entidades defensoras de derechos LGTBI de la condición de interesadas en procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores. La sentencia declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre legislación procesal y procedimiento administrativo común.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 4 de la Ley 8/2024 de la Comunidad de Madrid, que añade los artículos 87, 88 y 89 a la Ley 1/1983 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad de Madrid contra el acuerdo de iniciar la declaración como Lugar de Memoria Democrática del edificio de la antigua Dirección General de Seguridad franquista, en Madrid.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios apartados de la Ley de la Asamblea de Madrid 17/2023, que modificaba la ley autonómica de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra esos apartados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios apartados de la Ley 17/2023 de la Comunidad de Madrid, que modifica la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra un apartado de la Ley 18/2023 de la Comunidad de Madrid, que modificó la Ley 3/2016 contra la LGTBIfobia. El recurso se refiere al apartado d) de la nueva redacción del artículo 65 de esa ley. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la norma impugnada queda suspendida.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Asamblea de Madrid 5/2022, que modifica la Ley 20/1998 de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. La sentencia examina si esa ley autonómica invade competencias del Estado y vulnera la autonomía local al regular el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo contra un inciso de la Ley de identidad y expresión de género de la Comunidad de Madrid. El inciso exige apoyo de profesionales de salud mental infanto-juvenil antes y durante el tratamiento farmacológico de menores, y un informe favorable si hay comorbilidad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2020 de la Comunidad de Madrid, que modificó la Ley del suelo para impulsar la actividad urbanística. El proceso se extingue porque ha perdido sobrevenidamente su objeto.

El Tribunal Constitucional anula la disposición adicional segunda de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2023, que exigía tramitar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para obtener autorización judicial antes de cualquier actuación que afectara al derecho a la vida de personas con discapacidad con apoyo representativo. El tribunal considera que la norma autonómica invade competencias estatales sobre legislación procesal y civil.

El Acuerdo entre España y las Naciones Unidas establece una Oficina de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) en Madrid. El acuerdo entra en vigor el 2 de noviembre de 2023, quince días después de la última notificación de las partes.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2023, que crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. La suspensión se había acordado al admitir el recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la disposición adicional segunda de la Ley madrileña 1/2023, que crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de ese precepto queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, que modifica la Ley 20/1998 de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados de varios grupos parlamentarios.

Establece las condiciones financieras y administrativas de la contribución en especie de España a la Oficina de Programa de la ONU de Lucha contra el Terrorismo en Madrid. El Gobierno cede locales en la calle Marqués Viudo de Pontejos, 2, y asume su acondicionamiento, servicios y mantenimiento.

Eleva a categoría de magistrado o magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario (Las Palmas), Navalcarnero (Madrid) y San Javier (Murcia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 52 de la Ley de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid, que fija criterios para calificar las infracciones como leves, graves o muy graves. La sentencia analiza si ese precepto respeta el principio de legalidad sancionadora del artículo 25.1 de la Constitución.