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El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Sindicato de Interinos de Justicia en Acción contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobó la oferta de empleo público de estabilización en la Administración General del Estado. Anula el real decreto en cuanto no incluye en esa oferta las plazas citadas en el fundamento de Derecho cuarto. No impone costas.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito. Declara nulas las disposiciones que habilitan al Gobierno para elaborar un estatuto del becario y un reglamento de seguridad y salud de menores trabajadores.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para estabilizar empleo temporal en la Administración General del Estado. Anula ese real decreto solo en la parte de las plazas de concurso para los Cuerpos de Gestión Civil del Estado y General Auxiliar que no reservaban cupo para personas con discapacidad. El resto del recurso se desestima.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2025, que amplía el permiso de nacimiento y cuidado. La norma modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de la Seguridad Social para completar la transposición de una directiva europea sobre conciliación familiar y laboral.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Toledo sobre un apartado de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2012, por posible vulneración de los artículos 14 y 149.1.18.ª de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regulan procesos de estabilización de empleo temporal en las administraciones públicas. La inadmisión se debe a que el órgano judicial no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del caso por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. Se cuestiona por posible vulneración de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula mejoras voluntarias de la Seguridad Social para el personal de la Junta. Se cuestiona si ese inciso vulnera el artículo 14 de la Constitución, sobre igualdad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Foral 19/2022 de Navarra, que regula procesos de estabilización de empleo público temporal. La plantea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2024, que prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

Aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El protocolo se aplicará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra dos partes del Decreto-ley 5/2023 del Gobierno de las Illes Balears, sobre medidas urgentes en educación y sanidad. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 7/2023, que regulaba medidas urgentes para trasponer una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional y para simplificar y mejorar la protección por desempleo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 14/2021, que regula medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. La sentencia concluye que la norma respeta los límites de la Constitución para los decretos-leyes.