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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

Establece el procedimiento para presentar la autoliquidación y pagar por vía electrónica las tasas de telecomunicaciones (modelo 790) gestionadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Sustituye a la resolución de 2006 y permite usar las modalidades de pago de la Agencia Tributaria, incluida tarjeta y transferencia instantánea.

Establece el procedimiento para pagar por internet la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico (modelo 990). Sustituye a la resolución de 2023 y permite usar las nuevas modalidades de pago de la Agencia Tributaria, como tarjeta y transferencia bancaria instantánea.

Establece el procedimiento para presentar la autoliquidación y pagar por internet las tasas consulares (código 005) gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El pago telemático es voluntario y se hace con el modelo 790 a través de la sede electrónica del Ministerio.

Modifica el Real Decreto 1004/2010 para cambiar cómo la Corporación RTVE recibe los ingresos de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico. Ahora se toma el importe de las liquidaciones giradas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, menos anulaciones y devoluciones del mismo ejercicio, en lugar de la recaudación efectiva.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Aprueba el modelo 017 para que los contribuyentes declaren y paguen por vía electrónica la tasa que financia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fija el lugar, el plazo y la forma de presentación de ese modelo y deroga la orden anterior de 2014.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Establece las normas para pagar por internet la tasa de solicitud del pasaporte ordinario a través de la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores. El pago telemático es voluntario y se suma a los medios de pago ya existentes.

Establece cómo presentar y pagar por vía electrónica la tasa por la concesión de autorizaciones administrativas singulares en el ámbito postal. El pago se hace antes de que se conceda la autorización, usando el modelo 790 con código 108.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual fija la tarifa general que los operadores de televisión en abierto deben pagar a VEGAP por comunicar y reproducir contenidos visuales de su repertorio. La tarifa es el 0,0199 % de los ingresos de explotación de la actividad televisiva, con una reducción del 10 % para ciertos operadores.

Modifica tres órdenes sobre la colaboración de las entidades de crédito en el cobro de deudas tributarias para la Agencia Tributaria. Ajusta el funcionamiento de los pagos por internet y del servicio de consulta del Número de Referencia Completo (NRC).