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Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Tribunal Constitucional resuelve la impugnación del Gobierno contra el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña que admitió a trámite una iniciativa legislativa popular sobre la declaración de independencia de Cataluña. La sentencia analiza el deber de inadmisión de iniciativas legislativas populares cuyo contenido no puede tramitarse como iniciativa autonómica.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una impugnación del Gobierno contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña que admitió una iniciativa legislativa popular sobre la independencia de Cataluña. La admisión suspende ese acuerdo desde el 27 de marzo de 2024.

Modifica el artículo 130 del Reglamento de Les Corts Valencianes para regular cómo se tramitan las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular. La Mesa de Les Corts comprueba que cumplen los requisitos legales y, si los cumplen, se tramitan como las proposiciones de ley.

Modifica la ley que regula cómo se designan los senadores que representan a Castilla-La Mancha. Establece que su mandato continúa hasta que tomen posesión los nuevos senadores designados por la siguiente Cámara, para que la comunidad no quede sin representación en el Senado.

Regula la Presidencia y el Gobierno de Canarias: cómo se elige y nombra al presidente o presidenta, sus funciones, deberes y derechos, el cese y la suplencia. También ordena la composición y el funcionamiento del Gobierno, sus atribuciones y sus relaciones con el Parlamento de Canarias.

Modifica la Ley Electoral de Aragón para adaptarla al nuevo Estatuto de Autonomía. Fija que cada provincia tenga al menos 14 diputados en las Cortes de Aragón y regula cómo se reparten los escaños restantes.

Modifica el artículo 245 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura sobre la designación de los senadores y senadoras que corresponden a la comunidad autónoma. El mandato de estos senadores queda vinculado a la legislatura autonómica y se prolonga hasta que el nuevo Parlamento designe a los siguientes tras las elecciones.

Modifica la Ley Electoral para cambiar el sistema de voto de los españoles que viven en el extranjero. Sustituye el sistema de voto rogado, en el que había que solicitar previamente el voto, por un procedimiento en el que la documentación electoral se envía de oficio.

Regula las elecciones al Parlamento de Canarias: quién puede votar y ser candidato, la Junta Electoral de Canarias, la convocatoria de elecciones, el sistema electoral y los escaños, las candidaturas, la campaña, las papeletas, el escrutinio y los gastos y subvenciones electorales.

Modifica la Ley del Síndic de Greuges para que su mandato dure seis años en lugar de nueve. El síndico o síndica no puede ser reelegido.

Modifica la Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña para reducir de nueve a seis años el mandato de su director o directora, sin posibilidad de reelección. El cambio no se aplica a quien ya ocupaba el cargo antes de la entrada en vigor.

Reforma el Reglamento del Parlamento de Andalucía en lo relativo a los grupos parlamentarios. Adapta la norma interna de la Cámara a los acuerdos contra el transfuguismo, incluida la figura del diputado no adscrito.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, que permite usar el bable/asturiano en las actuaciones parlamentarias. La sentencia analiza si ese precepto respeta la Constitución y el Estatuto de Autonomía en materia lingüística.

Reforma el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para eliminar el aforamiento especial de los diputados regionales y de los miembros del Consejo de Gobierno. También regula la responsabilidad política del Consejo de Gobierno ante la Asamblea, la cuestión de confianza y la moción de censura.