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Crea y regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En él se inscriben los poderes que una persona otorga a otra para realizar trámites concretos ante este organismo. Establece cómo se otorgan, aceptan, inscriben, modifican, renuevan y revocan esos poderes.

Establece cómo deben presentar las formaciones políticas al Tribunal de Cuentas la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales del 23 de julio de 2023. Fija qué documentos contables y justificativos deben remitirse, los plazos y el uso de medios electrónicos.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Modifica el artículo 92 del Reglamento del Senado para ampliar los casos en que los senadores pueden votar por procedimiento electrónico remoto en las sesiones plenarias. Añade supuestos excepcionales y permite este voto para cualquier asunto del orden del día y tipo de votación, salvo el asentimiento.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía seis meses la validez de certificados de formación sanitaria, de revisión de botiquines a bordo y médicos de aptitud para el embarque en el sector marítimo-pesquero durante el estado de alarma por COVID-19. También permite solicitar telemáticamente la revisión de botiquines y deroga la resolución anterior de 16 de marzo.

Retrasa del 20 de abril al 20 de octubre de 2020 la fecha desde la que los altos cargos deben relacionarse solo por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses. Hasta entonces podrán presentar sus declaraciones también en papel o en registros.

Modifica la orden anterior sobre información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Amplía qué centros deben enviar datos, añade un procedimiento de envío por correo electrónico y fija plazos y contenidos de la información epidemiológica, de capacidad asistencial, de material y de personal.

Fija la fecha desde la que los altos cargos deben relacionarse por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses y aprueba los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. Deroga los modelos anteriores de 2015.