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Modifica el Real Decreto 1463/2018 para precisar cómo se calcula la compensación económica que recibe la Agencia EFE por prestar el servicio público de noticias de titularidad estatal. Ajusta el anexo con nuevas hipótesis de contraste y costes e ingresos evitados.

Actualiza las cuantías del anexo V de la Ley 31/2022 para el sostenimiento de centros concertados de Ceuta y Melilla. Incluye subidas del 0,5 % desde el 1 de enero de 2024, del 2,5 % desde el 1 de enero de 2025 y del 1,5 % desde el 1 de enero de 2026.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentación del proceso.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado alega que el Gobierno no ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026, y cuestiona el uso de prórrogas presupuestarias en esos años.

Modifica la orden de cierre del ejercicio presupuestario de 2025 para permitir tramitar los expedientes derivados del Real Decreto-ley 14/2025, que aprueba subidas retributivas del personal del sector público para 2025 y 2026. También amplía plazos y exceptúa ciertos expedientes y nóminas de los límites temporales de cierre.

Fija los plazos y el procedimiento para cerrar el ejercicio presupuestario de 2025 en la Administración General del Estado, organismos autónomos y otras entidades con presupuesto limitativo. Regula la tramitación de expedientes de gasto, documentos contables, contabilización de operaciones y ordenación de pagos en el final del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan, el proceso de tramitación del anteproyecto, la estructura de los presupuestos y los plazos y documentación necesarios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre el Senado y el Gobierno. El Senado impugna el acuerdo del Gobierno que rechazó por motivos presupuestarios la tramitación de cuatro enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado al Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

Actualiza para 2024 las retribuciones del personal docente y los importes del Anexo V de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2024, sobre la financiación de centros concertados en Ceuta y Melilla. Aplica un incremento del 2 % con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Regula cómo se cierra el ejercicio presupuestario de 2024 en el gasto público del Estado. Fija plazos para tramitar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y hacer pagos en los últimos días del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

El Tribunal Constitucional declara extinguido un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso había perdido su objeto porque esa disposición ya fue anulada por una sentencia anterior del propio Tribunal.

Actualiza los módulos económicos que financian los centros concertados de Ceuta y Melilla. Incluye el aumento de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que paga el empleador y las subidas salariales del personal docente. Las nuevas cuantías tienen efectos desde el 1 de enero de 2023.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de presupuestos de 2022, que modificaba la Ley de bases del régimen local para cambiar la selección, provisión y nombramiento de funcionarios con habilitación nacional en el País Vasco. La sentencia declara nula esa disposición.