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Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que actualiza el marco de referencia de la competencia digital docente. Este marco fija áreas, competencias, niveles e indicadores sobre el uso de tecnologías digitales por parte del profesorado. Sustituye al marco aprobado en 2020.

Amplía la vigencia de los certificados de suficiencia de los capítulos V y VI del Convenio STCW para marinos que aún no han hecho el curso de mantenimiento de la competencia. Fija como fecha límite el 30 de septiembre de 2022 para los ya prorrogados y permite otra ampliación de hasta 12 meses desde la solicitud.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba una forma alternativa de cumplir el requisito de cualificación del Responsable de Seguridad en organizaciones de gestión de la aeronavegabilidad (CAMO) que también son compañías aéreas. Permite sustituir parte del perfil exigido por formación y prácticas documentadas.

Establece las instrucciones para que los centros de universidades públicas y privadas obtengan la acreditación institucional, y publica dos protocolos: uno para certificar sus sistemas internos de garantía de calidad y otro para evaluar la renovación de esa acreditación.

Aprueba los modelos oficiales de certificado que los Servicios Sociales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social deben usar para acreditar los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital. Estos modelos figuran en los anexos I y II.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes eléctricos. El manual fija los requisitos técnicos, la clasificación, los ensayos de certificación y los sistemas de identificación que estos vehículos deben cumplir para poder circular.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba un método alternativo para cumplir el requisito de cualificación del Responsable de Seguridad en organizaciones de gestión de la aeronavegabilidad (CAMO). Permite nombrar un adjunto al Responsable de Seguridad con formación y experiencia específicas cuando la misma persona deba cubrir también los requisitos de un operador aéreo.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba y publica los medios aceptables de cumplimiento sobre la formación y certificación de los pilotos de aeronaves pilotadas por control remoto (drones). Estos criterios no son obligatorios y sirven para demostrar el cumplimiento de los requisitos de los artículos 33, 34, 35 y 38 del Real Decreto 1036/2017.

Modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Permite, de forma excepcional y mientras dure la pandemia de COVID-19, que personas sin las titulaciones exigidas trabajen en esos servicios si tienen experiencia en el cuidado de personas dependientes.

Actualiza los valores αT y ß usados para calcular los pagos compensatorios del mecanismo de fomento de biocarburantes. Estos pagos los hacen los sujetos obligados que no tienen certificados suficientes para cumplir sus objetivos. Los nuevos valores se aplican desde el ejercicio de certificación 2022.

Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad que fija los procedimientos básicos para acreditar administrativamente las situaciones de violencia de género. Esta acreditación permite acceder a los derechos y prestaciones previstos en la Ley Orgánica 1/2004 sin necesidad de denuncia.

Corrige la Resolución de 15 de marzo de 2021 que ampliaba la lista de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. Añade dos datos que faltaban por un error tipográfico en la ficha del refrigerante RS-90: el Grupo L y la clasificación según el REP.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2021, que recoge medidas urgentes sanitarias, sociales y judiciales para aplicar tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.