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Establece una compensación económica extraordinaria para las empresas concesionarias del transporte público regular de personas por carretera en las Illes Balears. La medida busca paliar la caída de demanda sufrida por estas concesiones a causa de la COVID-19. Regula también el procedimiento para solicitar y tramitar esa compensación.

Aprueba enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS, 1974). Añade definiciones sobre zonas de aterrizaje y de carga con helicópteros y modifica reglas sobre medios de evacuación.

Establece las condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 25/2020. El cuarto tramo, de 500 millones de euros, financia inversiones y liquidez de pymes y autónomos del turismo, hostelería y actividades conexas. El quinto tramo, de 500 millones, refuerza los reavales de CERSA para pymes de todas las zonas.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.

Actualiza las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación frente a la COVID-19. Las directrices se aplican en aeropuertos españoles y las modificaciones las adopta el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo. La resolución surte efectos al día siguiente de su publicación en el BOE.

Actualiza las directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación frente a la COVID-19. La nueva versión, de 20 de noviembre de 2020, sustituye a la publicada en julio de 2020 y fija obligaciones para aeropuertos, aerolíneas y pasajeros.

Modifica el Código internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición al fuego (Código PEF 2010). Cambia el título del cuadro 1 del anexo 3 y actualiza las referencias a reglas aplicables a materiales de protección contra incendios en buques de pasaje y naves de gran velocidad.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASTAC Catalunya contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba normas sobre formación de conductores de transporte por carretera y documentos de control. Anula el artículo 2, apartado 22, en el primer párrafo de su segundo apartado, que daba nueva redacción al artículo 44 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. Rechaza el resto del recurso y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Comité Nacional de Transporte por Carretera contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba normas sobre formación de conductores y control del transporte por carretera. Anula el artículo 98 de ese real decreto y no impone costas.

Modifica temporalmente las obligaciones de servicio público de la ruta aérea Menorca-Madrid. Reduce las frecuencias mínimas a un vuelo diario de ida y vuelta y fija una capacidad mínima de 37.000 asientos mientras dure la situación de baja demanda.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y anula un apartado del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero. Ese apartado regulaba la formación de los conductores de vehículos de transporte por carretera. La anulación afecta solo al inciso impugnado.

Cambia la forma en que entran en vigor las modificaciones temporales de las obligaciones de servicio público en varias rutas aéreas (Canarias, Almería-Sevilla, Badajoz-Madrid, Badajoz-Barcelona y Melilla con Almería, Granada y Sevilla). Desde ahora se aplican al día siguiente de su publicación en el BOE, en lugar de esperar a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Regula la concesión directa de subvenciones del Estado para financiar el transporte público regular de viajeros en Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. Las ayudas se dan sin convocatoria pública porque solo esas entidades pueden cumplir el objeto. La concesión exige que los beneficiarios tengan planes de movilidad sostenible.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.

Aprueba un sexto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye compensaciones a concesionarias de transporte interurbano, ajustes en la renta garantizada, autorizaciones excepcionales para energía eólica y varias medidas tributarias y de apoyo al personal sanitario y a las empresas.

Establece las condiciones que deben cumplir las aplicaciones informáticas y los formularios electrónicos para que los usuarios de servicios públicos de transporte regular de viajeros presenten reclamaciones. Fija requisitos técnicos de firma digital, sello de tiempo, formato PDF y envío de datos al Ministerio, y clasifica las reclamaciones por criterios.

Modifica de forma temporal las obligaciones de servicio público en las rutas aéreas entre Melilla y Almería, Granada y Sevilla. Fija nuevas frecuencias mínimas semanales y permite a las compañías ajustar libremente días, horarios y capacidad a la demanda real.

Modifica de forma temporal las obligaciones de servicio público de la ruta aérea Almería-Sevilla. Fija un número mínimo de vuelos diarios y semanales adaptado a la caída de la demanda por la crisis del COVID-19. Una comisión analizará la demanda para decidir cuándo se recuperan las condiciones anteriores.

Modifica de forma temporal las obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias. Fija nuevas frecuencias mínimas de vuelos en varias rutas y permite a los operadores ajustar capacidad y horarios a la demanda mientras dure la recuperación tras la crisis sanitaria.