Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas por carretera de uso general.

I

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y tras las sucesivas prórrogas su vigencia se extendió hasta las 00.00 horas del día 21 de junio de 2020. Para la contención de la enfermedad, esta norma estableció importantes limitaciones a la libertad de circulación de las personas y otras medidas temporales de carácter extraordinario.

En materia de transporte público de personas, el artículo 14.2 del Real Decreto mencionado habilitó las autoridades autonómicas para establecer porcentajes de reducción de los servicios teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que la ciudadanía pudiera acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, en caso necesario.

Así, las correspondientes autoridades, mediante varias resoluciones, adoptaron medidas preventivas de salud pública en la comunidad autónoma de las Illes Balears como consecuencia de la evolución de la COVID-19, estableciendo los criterios para reducir la oferta de los servicios públicos de transporte regular de personas por carretera de uso general, en función de la demanda de servicios.

Las órdenes TMA/273/2020, de 23 de marzo, y TMA/306/2020, de 30 de marzo, regularon la obligatoriedad de una ocupación máxima de un tercio en los vehículos de transporte de personas por carretera; y, posteriormente, la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad, estableció la ampliación de la capacidad de los vehículos de transporte colectivo.

Una vez finalizado el estado de alarma, mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, se han aprobado medidas relativas al transporte público terrestre, como son la limitación a un 50% de la capacidad de los vehículos de las personas de pie y la obligación de llevar mascarilla.

Como consecuencia de todas las limitaciones establecidas a la circulación de las personas durante el estado de alarma, los servicios de transporte público regular de personas por carretera de uso general se han prestado con grandes caídas de la demanda, llegando en algunos servicios hasta el 95%. La reducción de usuarios no solo se ha limitado al periodo de duración del estado de alarma, sino que durante los meses posteriores, en los que se concentra la mayor parte de la actividad turística en las Illes Balears, la demanda de los servicios de transporte regular en autobús se ha visto afectada por la disminución de la población turística, experimentando una reducción de personas de entre un 60% y un 85% en los servicios en que la población turística es una gran demandante.