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Modifica el anexo A del Convenio de Estocolmo para incluir el ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS), sus sales y compuestos conexos en la lista de contaminantes orgánicos persistentes que se eliminan. No se admiten exenciones para su producción ni su uso.

Modifica el anexo A del Convenio de Minamata sobre el Mercurio para fijar qué productos con mercurio añadido dejan de poder producirse, importarse o exportarse y a partir de qué fecha. También establece medidas para reducir el uso de amalgama dental.

Modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, que regula las exenciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Añade dos nuevas exenciones: una para el mercurio en transductores de presión de fusión de reómetros capilares y otra para el plomo como estabilizador térmico en sensores de productos sanitarios de diagnóstico in vitro.

La Enmienda del Protocolo de Montreal, firmada en Kigali el 15 de octubre de 2016, entra en vigor para España el 7 de septiembre de 2023. Hasta esa fecha España la aplicaba de forma provisional desde el 8 de noviembre de 2021. La Enmienda modifica el Protocolo sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Añade un punto al apartado 9.a) para permitir el uso de cromo hexavalente como protector contra la corrosión en bombas de calor de absorción impulsadas por gas.

Modifica el anexo I del Real Decreto 265/2021, que regula los vehículos al final de su vida útil. Actualiza las excepciones a la prohibición de usar plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en componentes de automóviles, con nuevas fechas de revisión y expiración.

Incluye dos productos químicos industriales en el anexo III del Convenio de Róterdam: el éter de decabromodifenilo y el ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y compuestos conexos. Con ello quedan sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo para su comercio internacional.

Regula cómo se pueden conceder exenciones al cumplimiento de la normativa europea sobre sustancias y mezclas químicas (REACH y CLP) por razones de defensa. Fija los supuestos, las obligaciones de las empresas y el procedimiento de solicitud ante la autoridad competente.

Modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Añade nuevas exenciones al uso de plomo en cables superconductores y en determinados dispositivos de imagen por resonancia magnética, adaptando la norma española a dos directivas europeas.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Establece el régimen jurídico de los envases y sus residuos en España. Fija objetivos de prevención, reutilización, reciclado y valorización, y regula la responsabilidad ampliada del productor, los sistemas de depósito y devolución y las obligaciones de información y control.

Regula la comercialización y el uso de sustancias que pueden servir para fabricar explosivos caseros. Establece un sistema de licencias para particulares y obligaciones de control para las empresas que las venden. También fija infracciones y sanciones.

Modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011 sobre seguridad de los juguetes para restringir el uso de anilina en juguetes y sus componentes. La anilina está clasificada como carcinógena y mutágena de categoría 2.

Crea la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana (CIBMH), un órgano que coordina el seguimiento de la exposición de la población a sustancias químicas. Regula sus competencias, composición, funcionamiento y grupos técnicos de trabajo.

Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, que recoge las aplicaciones exentas de la prohibición de usar ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Actualiza esas exenciones para adaptarlas al progreso científico y técnico y para incorporar varias directivas europeas.