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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo regula el gravamen temporal energético y de entidades de crédito.

El Tribunal Supremo suspende la aplicación de un apartado del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Ese apartado obliga a un intermediario eximido a comunicar su situación en cinco días a otros intermediarios y al obligado tributario. La suspensión dura hasta que haya sentencia.

Modifica la ley de vivienda de Extremadura y crea un impuesto sobre las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. También crea el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda y un mecanismo de garantía de alojamiento o realojamiento del menor.

Prorroga la vigencia de varias medidas tributarias aprobadas tras la erupción volcánica de La Palma y modifica otro decreto-ley sobre medidas urbanísticas y económicas para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para incorporar nuevos impuestos y adaptar el reparto de competencias. Incluye el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y cambios en el impuesto sobre gases fluorados. También regula métodos de ajuste a consumo para estos tributos.

Modifica el Concierto Económico con el País Vasco para adaptarlo a los cambios del sistema tributario estatal. Actualiza el reparto de competencias y la aplicación de tributos entre el Estado y la comunidad autónoma.

Aprueba la metodología para calcular el cupo que el País Vasco aporta al Estado durante los años 2022 a 2026. También fija el cupo del año base 2022 y regula los ajustes por impuestos como el IVA y los impuestos especiales.

Eleva de 30.000 a 50.000 euros el límite por debajo del cual no se exige garantía al pedir aplazar o fraccionar el pago de deudas públicas estatales. Se aplica a deudas gestionadas por la Agencia Tributaria y otros órganos del Estado, con algunas exclusiones. Entra en vigor el 15 de abril de 2023.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Modifica la normativa de la Comunidad de Madrid sobre tributos cedidos para aumentar la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones aplicable a parientes colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad (hermanos, tíos y sobrinos).

La ley regula la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid: su capacidad para decidir sobre ingresos y gastos dentro de sus competencias. Establece principios, límites y mecanismos para defender esa autonomía frente a otras administraciones.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.