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El Congreso convalida el Real Decreto-ley 19/2026, que regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Illes Balears. La convalidación mantiene vigente esta norma.

Modifica el régimen de los contratos de relevo para que el personal laboral de las Administraciones Públicas pueda acceder a la jubilación parcial anticipada. También regula indemnizaciones por residencia en Illes Balears.

Actualiza las cuantías del anexo V de la Ley 31/2022 para el sostenimiento de centros concertados de Ceuta y Melilla. Incluye subidas del 0,5 % desde el 1 de enero de 2024, del 2,5 % desde el 1 de enero de 2025 y del 1,5 % desde el 1 de enero de 2026.

Modifica la Ley 9/2010 sobre el personal estatutario de las instituciones sanitarias de Cantabria. Cambia la redacción del artículo 61.2.d) y deroga la modificación que se había introducido por otra ley. Incluye una disposición transitoria para los procedimientos ya iniciados.

Regula las finanzas de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2026 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. Fija los aumentos de sueldo de 2025 y 2026 del personal público, actualiza las pensiones y el indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Fija el umbral salarial que debe cumplir el contrato de trabajo de quien solicita la autorización de residencia como profesional altamente cualificado con Tarjeta azul-UE. El umbral se calcula como 1,4 veces la ganancia media anual bruta por trabajador que publica el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2023.

Fija los aumentos de retribuciones del personal del sector público de Aragón: un 2,5 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC sube al menos un 1,5 %. Incluye un suplemento de crédito y autoriza operaciones de endeudamiento para financiarlo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que aprueba medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba subidas salariales para el personal del sector público. Fija un aumento consolidable del 2,5 % en 2025 y del 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC llega al 1,5 %.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Universidad Rey Juan Carlos y anula el inciso final «ni el complemento de productividad» del artículo 5.2 del Real Decreto 1086/1989, sobre retribuciones del profesorado universitario. Ordena publicar el fallo en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el párrafo segundo de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se cuestiona por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, que reconoce la igualdad ante la ley.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para financiar inversiones en infraestructuras del ciclo del agua, residuos y servicios municipales. Estas ayudas forman parte del Plan para el Campo de Gibraltar aprobado en 2018.

El Consejo de Ministros aprueba subir un 0,5 % adicional las retribuciones del personal del sector público, con efectos desde el 1 de enero de 2024. Esta subida se aplica porque la suma de la variación del IPCA de 2022, 2023 y 2024 superó el aumento fijo acumulado de esos años.

Modifica la Orden INT/1390/2007 para actualizar la indemnización que cobra el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participa en misiones policiales, de paz, humanitarias o de evacuación en el extranjero. Añade nuevos destinos donde se aplica esa indemnización.

Establece la organización y el régimen de personal de las Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones, que sustituyen a los juzgados de paz. Regula su constitución, la dotación de personal, el funcionamiento de las agrupaciones y la dependencia del personal. Modifica varios reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El conflicto se refiere a la publicación en el BOE de una corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2025, que modifica el complemento de destino de los miembros de la Carrera Judicial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado frente al Congreso de los Diputados. El conflicto se refiere a publicaciones del Congreso sobre el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en concreto a su disposición final decimotercera, que modifica el complemento de destino de la carrera judicial en la Ley 15/2003.