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Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Establece las garantías financieras que deben constituir las empresas que tratan residuos y los sistemas de responsabilidad ampliada. Regula cómo se formalizan la fianza y el seguro de responsabilidad civil, su importe, vigencia, cancelación y ejecución.

Modifica los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 506/2013, que regula los productos fertilizantes. Adapta la norma nacional al Reglamento (UE) 2019/1009, que se aplica desde el 16 de julio de 2022 y sustituye al Reglamento (CE) 2003/2003 sobre abonos.

Establece que los orujos grasos que salen de las almazaras se consideren subproductos, y no residuos, cuando se destinan a extraer aceite de orujo de oliva crudo. Fija los requisitos que deben cumplir y las obligaciones de quien los produce y de quien los usa.

Modifica la Ley de recuperación y protección del Mar Menor para ampliar la prohibición de vertidos a la laguna. Solo permite vertidos de aguas pluviales y freáticas en supuestos concretos, con sistema previo de desnitrificación cuando no haya otra alternativa viable.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia trabajos de control y vigilancia de suelos contaminados por la antigua fabricación de lindano en Sabiñánigo (Huesca).

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Cementos Molins Industrial contra el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). Anula varios apartados del Real Decreto 210/2018 y del propio programa, y rechaza la falta de competencia alegada.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Granulated Rubber Project, S.L. contra el Real Decreto 210/2018, que aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). Anula el artículo 6, apartado 3.º, párrafo 5.º, parágrafos c) y d), y varios apartados del programa. No impone costas.

Establece el sistema de recursos propios de la Unión Europea: las categorías de ingresos con los que se financia, cómo se calculan y los límites máximos. Incluye medios extraordinarios y temporales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y deroga la decisión anterior de 2014.

Actualiza los formularios de los anexos II y III del Real Decreto 1381/2002 sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos de buques. Adapta estos modelos a las nuevas categorías de basuras del Convenio MARPOL. Regula la comunicación previa de desechos y el recibo de residuos.

Regula la gestión de los vehículos al final de su vida útil: la entrega y recogida del vehículo, su descontaminación y tratamiento en centros autorizados, los objetivos de reutilización y reciclado, y las obligaciones de los fabricantes. También modifica el Reglamento General de Vehículos.

La ley regula en Galicia la producción y gestión de residuos y los suelos contaminados. Establece competencias, planificación, obligaciones de productores y gestores, autorizaciones, inspección y régimen sancionador.

Modifica dos normas sobre residuos: la de pilas y acumuladores y la de aparatos eléctricos y electrónicos. Incorpora al derecho español una directiva europea sobre jerarquía de residuos y sobre la comunicación de datos de gestión de residuos.

Este acuerdo multilateral permite que los materiales radiactivos de baja actividad específica BAE-III no tengan que pasar el ensayo de lixiviación que exige el ADR para su transporte. El resto de requisitos del ADR para transportar estos materiales se mantiene. El acuerdo vale hasta el 31 de diciembre de 2022.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El dinero financia obras de seguridad y clausura de la instalación de residuos mineros abandonada «El Lirio», en Cartagena.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos, disposiciones transitorias y un anexo de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, de la Región de Murcia. El recurso lo presentan diputados del Congreso.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho contra el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña PRECAT20. Anula varios apartados del programa y rechaza la falta de competencia alegada. Impone las costas a las administraciones demandadas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una empresa contra el Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Cataluña (PRECAT20). Anula un precepto concreto del Real Decreto 210/2018 y los objetivos ligados a él. También impone las costas a las administraciones demandadas.

El Tribunal Supremo rechaza la aclaración y complemento de su sentencia de 27 de julio de 2020 solicitada por la Abogacía del Estado. También corrige un error material en el fallo de esa sentencia, a petición de la Generalidad de Cataluña, y cambia la referencia a los apartados del PRECAT20.