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El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la oposición y la suspensión en la ejecución. Declara extinguida la cuestión relativa a la falta de previsión de la prejudicialidad civil como causa de suspensión, por desaparición sobrevenida de su objeto.

El Tribunal Constitucional fija qué días se consideran inhábiles en los procesos constitucionales: se aplica la legislación procesal ordinaria. En los recursos de amparo electorales los plazos se cuentan siempre en días naturales. El Tribunal puede actuar en días inhábiles por causa urgente y en incidentes de medidas cautelares.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid sobre víctimas del terrorismo. Amplía su ámbito a atentados ocurridos en la región y a quienes se trasladaron a Madrid por esa causa, y permite a la Comunidad ejercer la acción popular en ciertos delitos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, planteados por un juzgado en un proceso de ejecución. Las partes en ese proceso pueden personarse en el plazo de 15 días.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regula la alerta sanitaria y las medidas para controlar la pandemia de COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa norma.

El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por posible vulneración de artículos de la Constitución. Quienes sean parte en el recurso de amparo relacionado pueden personarse en el plazo de quince días.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.

Modifica la normativa que ordena el Boletín Oficial del Estado para regular la publicación del Tablón Edictal Judicial Único. Este tablón electrónico reúne en un solo lugar las resoluciones y comunicaciones judiciales que antes se publicaban en tablones y boletines oficiales distintos.

El Tribunal Constitucional declara nulo el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impedía recurrir ante un juez los decretos de los letrados de la administración de justicia que resolvían un recurso de reposición. La norma se anula por vulnerar el derecho a la tutela judicial sin indefensión y el principio de exclusividad jurisdiccional.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del País Vasco 5/2019, que modificó la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley autonómica conforme al principio de exclusividad judicial.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción de la Ley 13/2009. Se cuestiona si ese precepto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y la potestad jurisdiccional.