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Fija los valores del poder calorífico inferior de la hulla, el fuel oil, el diésel oil y el gasoil para el año 2025. Estos valores se usan para calcular la retribución por combustible de los grupos de generación eléctrica situados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Mediante subastas se retribuye a instalaciones que aporten potencia firme y respaldo al sistema, para garantizar la seguridad de suministro ante la mayor presencia de renovables.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Declara «instalaciones energéticas estratégicas» los proyectos de generación renovable y almacenamiento que ganen capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Esa declaración los convierte en «proyectos energéticos preferentes» y da urgencia a sus trámites de autorización y evaluación ambiental.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos del Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El recurso afecta a los artículos 15.1 f), 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 (segundo párrafo), 16.9, 16.10, 16.11, 17, 18.1, 18.2, 21 y 29.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 309/2022, que regula la compensación de costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en el precio de la electricidad. Actualiza la lista de sectores industriales expuestos a riesgo de fuga de carbono y los parámetros del mecanismo para el periodo 2021-2030.

Regula cómo se asignan las ayudas públicas (régimen retributivo específico) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia mediante subastas. Fija el procedimiento, las ofertas, las garantías y la inscripción en el registro, y establece un calendario de subastas.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Actualiza la lista de sistemas eléctricos aislados de Canarias tras la conexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera. Desde ahora, ambas islas forman un único sistema eléctrico aislado. La orden se aplica también a Baleares, Ceuta y Melilla.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad de Aragón y anula el Real Decreto 662/2024, que regulaba la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado y modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La norma queda sin efecto por no ser conforme a Derecho.

Crea el Sello de gestión transparente del agua y regula cómo se solicita, se concede, se controla, se renueva y se revoca. Distingue a los concesionarios de agua que envían información periódica a una plataforma y cumplen requisitos de gestión transparente. También prevé un sello de gestión transparente y sostenible.

Adapta en Navarra las normas del IVA y del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica a los cambios aprobados en el territorio común. Incluye una minoración del 10 % en la base imponible del impuesto eléctrico para 2026 y fija el tipo de IVA aplicable a determinados productos energéticos.

Modifica el Real Decreto 451/2022 para adaptar las ayudas a estrategias de energía sostenible en Illes Balears y Canarias a los nuevos objetivos 119 y 120 del Plan de Recuperación. Amplía el plazo de justificación de los proyectos hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad excepcional de extenderlo al 31 de julio de 2026.

Modifica el Real Decreto 535/2025 para permitir financiar con fondos del Plan de Recuperación una segunda convocatoria de ayudas a proyectos españoles que participan en el esquema «Subasta como Servicio» del Banco Europeo del Hidrógeno. Estos proyectos son seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Modifica la Orden TED/749/2020, que fija los requisitos técnicos para conectar instalaciones eléctricas a la red. Estos requisitos desarrollan los códigos de red de la Unión Europea sobre generación, demanda y sistemas de corriente continua de alta tensión.