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Declara «instalaciones energéticas estratégicas» los proyectos de generación renovable y almacenamiento que ganen capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Esa declaración los convierte en «proyectos energéticos preferentes» y da urgencia a sus trámites de autorización y evaluación ambiental.

Actualiza los valores de la retribución a la operación para el primer trimestre de 2026 de las instalaciones de generación eléctrica cuyos costes de explotación dependen sobre todo del precio del combustible. Se aplica a instalaciones con régimen retributivo específico, como renovables, cogeneración y residuos.

Modifica el Plan de actuación invernal del sistema gasista. Traslada parte de la obligación de almacenamiento de gas natural licuado de noviembre y diciembre a enero y febrero, sin cambiar el volumen total del periodo invernal.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, que aprobaba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Consejo de Ministros acuerda obligar a los operadores dominantes del sector del gas natural a presentar ofertas de compra y venta en el mercado organizado de gas. La medida busca dar liquidez a ese mercado. Se publica como anexo a la resolución de la Secretaría de Estado de Energía.

Actualiza los valores de la retribución a la operación para el primer trimestre de 2025 de las instalaciones de generación eléctrica cuyos costes dependen del precio del combustible. Estas instalaciones incluyen renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo específico.

Establece cómo deben enviar cada año sus datos de ventas de energía las empresas obligadas por el sistema nacional de eficiencia energética. Unifica en un solo texto el procedimiento y deja sin efecto tres resoluciones anteriores.

Establece un coeficiente de corrección que aumenta los ahorros energéticos certificados en actuaciones que reducen mucho las emisiones de CO₂. Fija un límite anual del 15 % de las obligaciones que se pueden liquidar con certificados de ahorro energético y ordena las solicitudes por fecha de presentación.

Actualiza los valores de la retribución a la operación para el cuarto trimestre de 2024 de las instalaciones de generación eléctrica cuyos costes de explotación dependen sobre todo del precio del combustible. Estas instalaciones tienen régimen retributivo específico (renovables, cogeneración y residuos).

Publica los acuerdos del IDAE que asignan y amplían presupuesto a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla que lo solicitaron, para ayudas a instalar energías renovables térmicas. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Amplía en 1.500.000 euros el presupuesto del programa de ayudas para instalar energías renovables térmicas en distintos sectores de la economía. El dinero adicional se asigna a La Rioja, que lo había solicitado, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Amplía en 350.000 euros el presupuesto del programa de ayudas para instalar energías renovables térmicas en distintos sectores de la economía. Ese importe adicional se asigna al Principado de Asturias.

Mantiene para el invierno 2023-2024 el Plan de Actuación Invernal del sistema gasista aprobado en 2021. Regula los volúmenes mínimos de gas natural licuado (GNL) y la aportación de la planta de regasificación de El Musel al plan.

El Consejo de Ministros aprueba la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que añade reformas e inversiones hasta 2026. La Subsecretaría dispone su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Establece los principios y la metodología para calcular y contabilizar los ahorros de energía final en España, conforme a la Directiva europea de eficiencia energética. Separa la contabilización en dos periodos independientes: 2014-2020 y 2021-2030.