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Concreta las ayudas al transporte ferroviario de mercancías previstas en dos reales decretos-leyes de 2026, para adaptarlas al marco temporal de ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea tras la crisis energética. Fija el periodo de referencia de costes y las situaciones en que no se puede cobrar la ayuda.

Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

Establece la tasa de retribución financiera para las actividades de regasificación, transporte y gestión técnica del sistema de gas natural, y para las actividades vinculadas a la distribución de gas natural, durante el periodo regulatorio 2027-2032.

Crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Mediante subastas se retribuye a instalaciones que aporten potencia firme y respaldo al sistema, para garantizar la seguridad de suministro ante la mayor presencia de renovables.

Declara «instalaciones energéticas estratégicas» los proyectos de generación renovable y almacenamiento que ganen capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Esa declaración los convierte en «proyectos energéticos preferentes» y da urgencia a sus trámites de autorización y evaluación ambiental.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos del Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El recurso afecta a los artículos 15.1 f), 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 (segundo párrafo), 16.9, 16.10, 16.11, 17, 18.1, 18.2, 21 y 29.

Crea la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) como entidad pública empresarial de la Junta de Extremadura. La norma fija su finalidad, objetivos y funciones en materia de energía, sus órganos de gobierno, personal, contratación, recursos económicos y control. También regula el Bono Social Térmico en Extremadura.

Modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 309/2022, que regula la compensación de costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en el precio de la electricidad. Actualiza la lista de sectores industriales expuestos a riesgo de fuga de carbono y los parámetros del mecanismo para el periodo 2021-2030.

Regula cómo se asignan las ayudas públicas (régimen retributivo específico) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia mediante subastas. Fija el procedimiento, las ofertas, las garantías y la inscripción en el registro, y establece un calendario de subastas.

Define qué es una empresa de gran consumo de energía del sector industrial para poder contabilizar sus ahorros energéticos. Estos ahorros pueden provenir de actuaciones con combustión directa de combustibles fósiles y se computan en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética y en las medidas alternativas. El concepto se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Establece el marco para convocar subastas que otorgan un régimen retributivo específico (una retribución adicional) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia. La potencia total prevista es de 1.200 MW, repartida en convocatorias sucesivas para instalaciones nuevas y modificaciones de instalaciones existentes.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2024 de Aragón sobre comunidades energéticas y autoconsumo industrial. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra esa ley. Desde ahora esos preceptos vuelven a aplicarse mientras se resuelve el recurso.

La ley establece el marco de la acción climática en Galicia: fija objetivos, órganos de gobernanza, planes y estrategias, e integra la perspectiva climática en la contratación, las ayudas, los presupuestos y la educación. También regula la meteorología, la climatología y la calidad del aire.