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El Decreto-ley establece medidas urgentes en materia de vivienda en Cataluña. Regula aspectos como el depósito de fianzas de alquiler y la protección de consumidores en el mercado inmobiliario, entre otros.

Aprueba un suplemento de crédito y un crédito extraordinario para los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2023, prorrogados para 2024, y otras medidas financieras y administrativas. Incluye un incremento retributivo del personal y cambios en la Ley 2/2021.

La ley cambia el nombre del Consejo Escolar de Cataluña, que pasa a llamarse Consejo de Educación de Cataluña, y fija por ley su composición y su estructura interna. Regula también los cargos de presidente, vicepresidente, vocales y secretario, y las comparecencias y colaboraciones externas.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.

Crea la comarca de El Lluçanès, formada por trece municipios, con capitalidad en Prats de Lluçanès. Establece su personalidad jurídica, sus potestades y el régimen para constituir su consejo comarcal y repartir bienes y personal con las comarcas de El Bages y Osona.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley cambia la adscripción comarcal y veguerial de los municipios de Biosca y Torà, que pasan de La Segarra a El Solsonès. Regula también los ajustes en los consejos comarcales afectados y la división de bienes y personal.

Establece el marco legal del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña. Define sus objetivos, agentes, órganos de gobernanza, personal investigador, financiación y transferencia del conocimiento. Regula también el mecenazgo y la integridad en la investigación.

Autoriza atribuciones extraordinarias de recursos para cubrir el aumento de los gastos directos de explotación de los sistemas públicos de saneamiento en alta en Cataluña durante 2022 y 2023. La Agencia Catalana del Agua financia estos gastos según la legislación de aguas.

Modifica el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto-ley 4/2018, que regula la subrogación del personal laboral cuando entra en funcionamiento el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat. El cambio afecta a las condiciones de ese personal en el traspaso al ente público.

Aprueba un nuevo texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, que sustituye al aprobado en 2002. Reúne y ordena en un solo texto las normas que regulan esta entidad pública de financiación.

Modifica la Ley de universidades de Cataluña para fijar precios públicos de matrícula con tarifación social y criterios de equidad en el acceso. Añade un artículo nuevo y cambia los artículos 4, 41 y 117 de la Ley 1/2003.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Modifica la Ley del patrimonio cultural catalán para proteger los establecimientos emblemáticos. Obliga a los titulares de bienes culturales a avisar con seis meses de antelación cualquier cambio de uso o fin de actividad, y exige autorización administrativa para cambiar el uso de bienes culturales de interés local.

Modifica la Ley 2/2009 del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Reduce de nueve a seis años el mandato de sus miembros y cambia el ritmo de renovación: por mitades cada tres años los designados por el Parlamento y uno a uno cada dos años los designados por el Gobierno. Añade reglas transitorias para aplicar estos cambios.

Modifica la Ley del Síndic de Greuges para que su mandato dure seis años en lugar de nueve. El síndico o síndica no puede ser reelegido.

Modifica la Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña para reducir de nueve a seis años el mandato de su director o directora, sin posibilidad de reelección. El cambio no se aplica a quien ya ocupaba el cargo antes de la entrada en vigor.