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Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

Regula las prestaciones económicas para personas con grado III+ de dependencia extrema en Cataluña y modifica la Ley 12/2007 de servicios sociales. Establece las cuantías máximas de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

La ley regula los derechos de las personas LGBTI en Cataluña y las medidas para prevenir y erradicar la LGBTI-fobia. Establece derechos, obligaciones de los poderes públicos, una red de servicios de atención integral y un régimen de infracciones y sanciones.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales que gestionan las prestaciones familiares no contributivas y el subsidio por nacimiento y cuidado de menor no contributivo. El traspaso se rige por el Acuerdo de la Comisión Mixta de 16 de enero de 2026.

Establece que no se exigirán los créditos ya vencidos y no pagados derivados de prestaciones sociales de infancia y adolescencia: prestación para jóvenes extutelados, para menores en riesgo y por acogimiento de menores tutelados. Se aplica a personas beneficiarias de estas prestaciones que estén en situación de vulnerabilidad.

Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. Incluye la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas y una renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de protección de menores. También prevé prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Modifica el Libro Tercero del Código del Derecho Foral de Aragón, que regula las sucesiones por causa de muerte. Introduce cambios en las causas de indignidad para heredar y en el destino de las disposiciones para sufragios u obras asistenciales, y amplía el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

La ley regula la atención temprana en Castilla-La Mancha para niños y niñas de 0 a 6 años con dificultades en su desarrollo o riesgo de tenerlas. La define como un derecho universal y gratuito, prestado desde el sistema público de servicios sociales, con participación de las familias y coordinación entre consejerías.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2023 en La Rioja. Incluye la suspensión del impuesto autonómico sobre eliminación de residuos en vertederos y cambios en tasas y en varias áreas de gestión. También regula aspectos de gratuidad de material escolar, contratación, empleo público, farmacia, salud, servicios sociales, infraestructuras, cooperativas de vivienda y ganadería.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Establece un aumento extraordinario, hasta diciembre de 2022, del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda. La medida amplía hasta final de año el incremento que ya se había previsto para mayo, junio y julio de 2022.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Modifica la Ley de derechos y servicios sociales de Cantabria para que los precios públicos de los servicios sociales se actualicen cuando suban los salarios por convenios colectivos. Los nuevos precios entran en vigor cuando se aplican las nuevas condiciones laborales.