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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea en Extremadura un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Regula su reconocimiento, sus efectos y el programa individual de atención, y modifica varias normas autonómicas sobre dependencia y ayudas económicas.

Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la aplicación del artículo 97 de la Ley de simplificación administrativa de Cantabria, que añade apartados 2, 3 y 4 a la disposición adicional séptima de la Ley de derechos y servicios sociales de Cantabria. El recurso de inconstitucionalidad sigue en tramitación.

Regula las prestaciones económicas para personas con grado III+ de dependencia extrema en Cataluña y modifica la Ley 12/2007 de servicios sociales. Establece las cuantías máximas de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

La ley regula los derechos de las personas LGBTI en Cataluña y las medidas para prevenir y erradicar la LGBTI-fobia. Establece derechos, obligaciones de los poderes públicos, una red de servicios de atención integral y un régimen de infracciones y sanciones.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales que gestionan las prestaciones familiares no contributivas y el subsidio por nacimiento y cuidado de menor no contributivo. El traspaso se rige por el Acuerdo de la Comisión Mixta de 16 de enero de 2026.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra el artículo 97 de la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, que añade tres apartados a la disposición adicional séptima de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

Sube un 6 % los importes de las plazas en conciertos sociales y convenios con ayuntamientos de la Región de Murcia. Afecta a centros de día, atención residencial y promoción de la autonomía personal de personas mayores y personas con discapacidad, y al servicio de atención temprana. El aumento se aplica desde el 1 de enero de 2025.

Modifica el anexo del Decreto-ley 4/2025, que regula la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias. Añade tres diagnósticos del sistema nervioso, corrige un código de diagnóstico y traduce al castellano una tabla del sistema digestivo.

Regula cómo se valora y califica el grado de discapacidad en Canarias. Fija qué órganos deciden, cómo se inicia y tramita el procedimiento, cómo se resuelve y cómo se revisa el grado reconocido.

Modifica la Ley 12/2018 de servicios sociales de las Illes Balears para regular el copago de los usuarios en la atención a la dependencia. El copago se configura como prestación patrimonial pública no tributaria (tarifa), adaptando la norma a dos sentencias del Tribunal Supremo.

Establece que no se exigirán los créditos ya vencidos y no pagados derivados de prestaciones sociales de infancia y adolescencia: prestación para jóvenes extutelados, para menores en riesgo y por acogimiento de menores tutelados. Se aplica a personas beneficiarias de estas prestaciones que estén en situación de vulnerabilidad.

Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

El Tribunal Constitucional resuelve una impugnación del Gobierno de España contra varios apartados de un acuerdo del Gobierno de Canarias y una resolución autonómica sobre menores extranjeros no acompañados. La sentencia analiza si esas disposiciones excluyen la protección de estos menores cuando son rescatados en el mar o interceptados en la costa.