Decreto-ley 16/2025, de 2 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-ley 2/2023, de 17 de octubre, de medidas extraordinarias de carácter social.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El artículo 67.6.a) del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que los decretos-ley los promulga, en nombre del Rey, el Presidente o Presidenta de la Generalitat.

De acuerdo con ello, promulgo el siguiente decreto-ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto-ley 2/2023, de 17 de octubre, de medidas extraordinarias de carácter social, estableció un conjunto de medidas extraordinarias con la finalidad de afrontar las dificultades de las personas dependientes y con discapacidad para acceder a los servicios sociales de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública de Cataluña y para asumir los pagos que se derivan, así como de garantizar la atención adecuada a las personas usuarias de estos servicios.

Una de las medidas adoptadas mediante la disposición adicional segunda del Decreto-ley 2/2023, de 17 de octubre, tenía por objeto habilitar al departamento competente en materia de servicios sociales para regularizar el instrumento jurídico de vinculación con el conjunto de entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales Pública que no se habían podido incorporar en el paraguas normativo del Decreto 69/2020, de 14 de julio, de acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, mediante un acuerdo de provisión directa.

En virtud de lo establecido en esta disposición adicional, la duración de este acuerdo se podía extender hasta que se cumpliera el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor del decreto ley. Teniendo en cuenta que el Decreto-ley 2/2023, de 17 de octubre, se publicó en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» el día 19 de octubre de 2023, y entró en vigor el día siguiente al de su publicación, los acuerdos de provisión directa formalizados en virtud de esta disposición adicional perderán su vigencia el próximo 19 de octubre de 2025.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo durante estos dos años para acreditar e integrar a las entidades colaboradoras en el sistema de concierto social, no es posible finalizar todo el proceso antes del 19 de octubre de 2025. Por una parte, se debe considerar el elevado volumen de solicitudes de acreditación presentadas por las entidades con plazas colaboradoras y, por otra, la complejidad de las obras necesarias que muchas entidades deben llevar a cabo para adaptar sus establecimientos a la normativa en materia de concierto social.

Por tanto, ante los riesgos derivados de la pérdida de vigencia de las relaciones jurídicas existentes, y dada la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y la atención adecuada a las personas usuarias de los servicios sociales que proveen estas entidades, es indispensable alargar un año más el plazo previsto en la disposición adicional mencionada. En cualquier caso, la figura del acuerdo de provisión directa se concibe solo como una fórmula con una vigencia provisional mientras no se pueda llevar a cabo por alguno de los medios ordinarios.