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Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística. El auto confirma la suspensión de inscribir en el censo electoral de residentes ausentes a quienes obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Regula la expedición, gestión y desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones física y digital. Establece los derechos y obligaciones de las personas titulares, la tramitación, validez, renovación y el tratamiento de datos personales. Adapta el DNI al Reglamento de la Unión Europea sobre seguridad de los documentos de identidad.

Modifica la instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española de la Ley de Memoria Democrática. Permite pedir cita por internet en las Oficinas Consulares y acreditar con un justificante que la solicitud se hizo dentro del plazo, aunque la cita presencial sea posterior.

Regula la inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero. Establece la obligación de inscribirse, el carácter digital del registro y los trámites de alta como residente y como no residente. También fija cuándo se pierde la condición de residente.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la orden que regula la tramitación de la nacionalidad española por residencia. Establece cómo se piden y resuelven las dispensas de las pruebas de idioma y conocimientos del Instituto Cervantes, y ajusta la identificación de los candidatos en los exámenes.

Fija directrices para tramitar la opción a la nacionalidad española prevista en la Ley de Memoria Democrática. Detalla quiénes pueden solicitarla, qué documentos presentar y ante qué oficina del Registro Civil hacerlo. El plazo para formalizar la declaración es de dos años, prorrogable uno más.

España y Francia acuerdan que sus nacionales puedan adquirir la nacionalidad del otro país sin perder la de origen. También pueden acogerse quienes ya la habían perdido por adquirir la otra. El convenio entró en vigor el 1 de abril de 2022.

Modifica el reglamento que regula la obtención de la nacionalidad española por residencia para permitir que los exámenes de español (DELE) y de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) se puedan hacer a distancia por medios electrónicos. El Instituto Cervantes fija en qué casos y con qué requisitos.