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Establece cómo se gestionan las bajas médicas, el riesgo por embarazo y el riesgo por lactancia de las personas mutualistas de MUFACE afectadas por la DANA. Permite prorrogar licencias sin partes médicos y mantener el pago del subsidio. También suprime trámites y requisitos de cotización en ciertos casos.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

Regula el procedimiento para reconocer los derechos por enfermedad profesional y por accidente en acto de servicio del personal incluido en el mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General Judicial. Establece cómo se inicia y tramita el expediente para averiguar las causas y la relación con el servicio, y los plazos para resolver.

Actualiza los anexos de la Orden APU/2245/2005 para adaptar el catálogo de material ortoprotésico de MUFACE al catálogo común del Sistema Nacional de Salud. También modifica otras prestaciones complementarias, como las oculares y los productos de baja visión, y regula la compra por internet de algunos productos.

Modifica los anexos II y III de la Orden APU/2245/2005 y suprime mayo como mes para pedir en papel las prestaciones dentarias y oculares de MUFACE. Esas solicitudes en papel podrán presentarse en marzo y octubre; por la sede electrónica, en cualquier momento.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, que adopta medidas urgentes en materia de empleo agrario. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica una resolución anterior de MUFACE sobre el pago del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural durante el estado de alarma. Aclara que los órganos de personal sin documentación completa aplicarán el mantenimiento del 100 % de las retribuciones a los mutualistas que alcancen el día 91 de baja entre el 14 de marzo y el fin del estado de alarma.

Modifica una orden anterior para que, durante el estado de alarma por COVID-19, los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU puedan recoger en la farmacia sus medicamentos sin el sello de visado previo y con recetas prorrogadas. Así se evita que tengan que acudir al médico solo para renovar recetas de tratamientos crónicos.

Establece cómo se mantiene el pago del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural a los mutualistas de MUFACE durante el estado de alarma. Regula la comunicación de los órganos de personal a MUFACE y la declaración responsable del mutualista cuando no pueda obtener el parte médico.

Establece medidas urgentes y temporales para asegurar que haya suficientes trabajadores en las labores agrarias durante la crisis del COVID-19. Regula quién puede acogerse a la flexibilización laboral, la compatibilidad de prestaciones y las obligaciones de las empresas.

Durante el estado de alarma por el COVID-19, esta orden suprime temporalmente la obligación de estampillar el sello de visado en las recetas de ciertos medicamentos para los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU. También permite a estas mutualidades adoptar medidas para que sus afiliados reciban medicamentos de hospitales privados concertados.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. Incluye la Secretaría de Estado, dos secretarías generales, cinco direcciones generales, la Oficina de Conflictos de Intereses y la Subsecretaría.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2020, que establece la revalorización y el mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sube un 0,9 % las pensiones y otras prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas desde el 1 de enero de 2020. Incluye un anexo con las cuantías para 2020 y prevé compensar a los pensionistas si la inflación de ese año supera ese 0,9 %.