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Modifica los modelos de la cuenta de gestión que rinden los servicios del exterior del Estado. Añade campos para registrar los traspasos de fondos entre servicios del exterior cuando no se puedan mover fondos desde España a otro país.

Modifica las instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública de la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y remiten los informes de auditoría y cómo se piden los planes de acción para corregir los problemas detectados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2022, que adopta medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior para aplicar las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.

Establece reglas especiales para anotar en el Registro de la Propiedad bienes de personas sancionadas por la Unión Europea que figuran a nombre de testaferros. También fija un procedimiento excepcional para gestionar fondos disponibles en los servicios del exterior.

Modifica la Instrucción de contabilidad de las entidades de la Seguridad Social para que registren los gastos vinculados a proyectos del Plan de Recuperación con un código único de proyecto. También incorpora a las mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados al subsistema contable de gastos con financiación afectada.

Regula cómo funciona y se organiza el Registro Estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). El registro depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública y tiene una sección separada para cada PERTE. La inscripción se hace en dos fases: acreditación por el ministerio competente e inscripción en el registro.

Actualiza las instrucciones internas para el control financiero permanente que realiza la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y comunican los informes de control y cómo se hace el seguimiento de sus resultados.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

Actualiza la norma que organiza las Delegaciones de Economía y Hacienda para incorporar cambios aprobados desde 1999. Elimina referencias a las Direcciones de Comercio, a los Centros Regionales del Instituto de Estudios Fiscales y a las competencias sobre Loterías y Apuestas del Estado.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Aprueba un sistema de firma electrónica no criptográfica para los documentos y trámites de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado. Este sistema lo usan los sistemas de información que gestionan los fondos europeos.

Modifica la norma contable de la Seguridad Social para fijar cómo se registran los inmuebles sanitarios y de servicios sociales cedidos a las Comunidades Autónomas, cuya titularidad sigue siendo estatal. Establece criterios de reconocimiento y valoración de estas cesiones de uso.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.