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Modifica el Real Decreto 337/2018 para adaptar las reglas sobre previsiones macroeconómicas y presupuestarias a la normativa de la Unión Europea. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2024/1265, que cambia los requisitos de los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

Reorganiza la estructura orgánica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Crea la Subdirección General de Estrategia Migratoria y la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía e Inspección de Servicios, y cambia la dependencia de otras subdirecciones. La norma busca aplicar el Reglamento de extranjería y el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Modifica tres resoluciones contables de la Seguridad Social para adaptar el tratamiento de los pagos a justificar al nuevo procedimiento fijado por la Orden HAC/965/2024. Con ello, la imputación de los pagos a las cuentas de gasto o inversión se produce al presentarse la cuenta justificativa.

Determina la naturaleza, la estructura y las funciones de la Intervención General de la Seguridad Social. Crea una subdirección general específica para el control financiero permanente y reparte las tareas entre varias subdirecciones generales y unidades territoriales.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los Centros Asociados de la UNED. El objetivo es que la estructura de sus cuentas anuales sea homogénea con la de la UNED, para poder consolidarlas.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Modifica varias órdenes sobre contabilidad pública del Estado. Cambia documentos contables, reglas de operatoria del gasto y normas de contabilidad de la Administración General e Institucional. Incluye el procedimiento para entidades cuyas cuentas anuales no se auditan.

Modifica la Circular 3/1996 sobre control del gasto público. Eleva de 300.000 pesetas a 3.000 euros el importe de los justificantes de anticipos de caja fija que deben comprobarse siempre, y actualiza la referencia al límite de pagos individuales a 5.000 euros.

Establece las normas para elaborar y hacer seguimiento de los planes de acción del Ministerio de Defensa. Estos planes recogen las medidas para corregir los problemas detectados en el control financiero permanente y en la auditoría pública de la gestión económica-financiera del Departamento.

Establece las condiciones para que los Departamentos Ministeriales envíen de forma centralizada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las deudas no tributarias que son recursos del presupuesto del Estado, para que esta las cobre en vía ejecutiva. Regula también los intercambios de información entre ambos organismos derivados de esa gestión.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.