Buscar en el BOE

Modifica tres reales decretos que regulan la concesión directa de subvenciones para estrategias de resiliencia turística en territorios extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), dentro del Plan de Recuperación. También modifica otro real decreto de subvenciones del Ministerio.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Establece medidas urgentes para proteger a las personas y los bienes en las zonas inundables de las Illes Balears. Fija obligaciones para los propietarios o titulares de derechos sobre terrenos en zonas inundables o de flujo preferente.

Modifica el reparto entre administraciones y empresas de transporte de las Illes Balears de la ayuda estatal de 43 millones de euros para el descuento del 100 % en abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre en 2023. Redistribuye 405.597,66 euros no justificados por algunas entidades.

Modifica el ámbito territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en Illes Balears, Barcelona, Córdoba, Madrid, Salamanca, Cantabria, Sevilla, València/Valencia y Zaragoza. Algunas unidades dejan de operar y su territorio se integra en otras. Surte efectos desde el 1 de enero de 2025.

La ley regula la entrada y circulación de vehículos en la isla de Eivissa para reducir la congestión en los meses de más afluencia turística. Establece limitaciones generales, un techo insular de vehículos, obligaciones para las empresas de alquiler y un régimen de inspección y sanciones.

Modifica las obligaciones de servicio público en las rutas aéreas entre las islas Baleares. Amplía qué se incluye en la tarifa aérea y obliga a las aerolíneas a ofrecer servicio de acompañamiento de menores no acompañados de 5 a 11 años en tres rutas interbaleares.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias empresas eléctricas contra la Orden TED/1315/2022, que regula las subastas de combustible y los valores de referencia para instalaciones eléctricas en territorios no peninsulares. Declara contrarios a derecho varios puntos sobre las fechas de aplicación de los precios de referencia y de la retribución por costes de logística, y anula el inciso sobre el coste de puesta en puerto del gas en Canarias y Melilla.

El Tribunal Supremo corrige errores materiales en su sentencia de 22 de julio de 2024. Cambia la fecha de 1 de enero de 2022 por 1 de enero de 2020 en varios fundamentos de derecho y en el fallo.

Aprueba el modelo 283, una declaración informativa anual sobre las ayudas recibidas dentro del régimen fiscal especial de las Illes Balears. Fija quién debe presentarla, qué información incluye, el plazo y el procedimiento de presentación.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado, con un precio máximo de compraventa y de alquiler, y un registro autonómico de estas viviendas. También modifica varias normas sobre urbanismo, turismo y vivienda, y regula la actividad de agente inmobiliario.

La ley unifica el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Baleares con el Colegio Oficial de Economistas de las Illes Balears mediante la absorción del primero por el segundo. Regula la colegiación, el ámbito territorial y personal, la estructura y las relaciones con las administraciones, y prevé una junta gestora y la constitución de los nuevos órganos de gobierno.

Desarrolla el Reglamento del Régimen fiscal especial de las Illes Balears, aprobado por la Ley 31/2022. Regula la reserva para inversiones y el régimen especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras, y las obligaciones de información y control de las ayudas.