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Regula cómo se elaboran las normas de carácter general impulsadas por el Gobierno Vasco, tanto leyes como reglamentos. Fija las etapas del procedimiento: planificación, evaluación, consulta previa, audiencia e información pública, informes preceptivos y dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Incluye principios de calidad normativa y redacción bilingüe.

Regula la transparencia de la actividad pública de la Generalitat Valenciana y el derecho de acceso a la información pública. Establece obligaciones de publicidad activa, un Portal de Transparencia y reglas de buen gobierno para los altos cargos. Crea el Consejo Valenciano de Transparencia y un régimen sancionador.

Reúne en un solo texto las normas que regulan el Presidente o Presidenta y el Gobierno de Aragón. Ordena sus funciones, su forma de funcionar, el régimen del Gobierno en funciones y cómo elabora leyes y reglamentos.

Modifica el artículo 4 de la Ley 10/2014, que regula las consultas populares no referendarias en Cataluña. Permite al presidente de la Generalitat y al Gobierno promover y convocar consultas que afecten a más de un municipio, comarca o veguería.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña para cubrir las reclamaciones que se presenten contra empleados públicos, altos cargos y miembros del Gobierno por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Regula su finalidad, dotación mínima, gestión, riesgos cubiertos y condiciones para solicitar la cobertura.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Suprime el aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento de las Illes Balears y del presidente y miembros de su Gobierno. Desde su entrada en vigor, sus causas penales y civiles corresponden al órgano judicial que determine la ley, no al Tribunal Superior de Justicia ni al Tribunal Supremo por razón del cargo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Catalunya, que crea el Fondo Complementario de Riesgos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Elimina el límite de dos mandatos para ser presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Deroga el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 6/2004, que impedía ser elegido presidente a quien ya hubiera ocupado el cargo durante dos mandatos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Catalunya, que crea el Fondo Complementario de Riesgos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya para cubrir las reclamaciones que puedan sufrir los empleados públicos y altos cargos por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de su cargo. Regula quién puede acogerse, qué riesgos cubre, las condiciones para solicitarlo y la obligación de devolver lo percibido.

Modifica la Ley 2/2009 que regula el Presidente y el Gobierno de Aragón. Añade reglas sobre cómo se elaboran las normas: consulta pública, participación, evaluación e informes de igualdad, y ordena la planificación normativa anual.

Crea tres Vicepresidencias del Gobierno y asigna a cada una las funciones que les encomiende el Presidente y la presidencia de una Comisión Delegada. La presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde al Ministerio de la Presidencia.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

Modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, que regula la situación de cargos públicos electos o de libre designación investigados por delitos de corrupción. Establece que, al conocer un auto judicial que les atribuye la condición de investigados por determinados delitos del Código Penal, su permanencia en el cargo se entiende incompatible con la confianza ciudadana y el prestigio institucional.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Reforma el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para eliminar el aforamiento especial de los diputados regionales y de los miembros del Consejo de Gobierno. También regula la responsabilidad política del Consejo de Gobierno ante la Asamblea, la cuestión de confianza y la moción de censura.