Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya.

El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.

De acuerdo con ello, promulgo el siguiente Decreto-ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El principio de indemnidad en relación con el ejercicio de funciones públicas comporta que ningún servidor público se pueda ver perjudicado como consecuencia del ejercicio legítimo del cargo público que ocupa. Este principio ha sido consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en la Sentencia de 8 de julio del 2020, entre otros, le otorga carácter general estableciendo que el principio de indemnidad o resarcimiento no se limita solo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que se extiende a la totalidad de trabajadores y trabajadoras públicos, en tanto se configura como inherente al sentido instrumental de toda administración, en la medida en que los servidores públicos no actúan en interés propio sino en interés público, en interés de todos. En conclusión, como señala el Tribunal Supremo, si los servidores públicos sufren un daño o perjuicio en la realización del servicio, sin que concurra culpa o negligencia, tienen que ser resarcidos. Este principio está recogido en el artículo 14.f) del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que, de forma expresa incluye, entre los derechos individuales de los empleados públicos, el derecho a la defensa jurídica y a la protección de la Administración en los procedimientos que se siguen ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio de sus funciones. En el ámbito de la Generalitat de Catalunya, y con la misma finalidad, el artículo 9 de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya dispone que el abogado de la Generalitat puede asumir la representación y la defensa de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de los funcionarios y empleados públicos de la Administración de la Generalitat y de sus organismos, sea cuál sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el ejercicio del cargo, a menos que los intereses del representado y los de la Generalitat sean opuestos o contradictorios. Por otra parte, la protección de estos derechos no sería completa si no comportara igualmente el derecho a ser beneficiario de las garantías necesarias para hacer frente a las reclamaciones que contra los empleados públicos se puedan presentar, con el fin de evitar que estas reclamaciones puedan suponer un perjuicio en el patrimonio personal de las personas involucradas.

II

Los altos cargos y los miembros del Gobierno disfrutan igualmente de garantías y principios que los protegen en el ejercicio de sus cargos y funciones. De acuerdo con el artículo 68.1 del Estatuto de autonomía de Catalunya, el Gobierno de la Generalitat dirige la acción política y la Administración de la Generalitat y, en consecuencia, sus actuaciones y decisiones se rigen por el principio de discrecionalidad, lo cual les otorga un amplio margen de decisión para la definición de sus políticas públicas y de las actuaciones que forman parte de ellas. La autonomía política de las comunidades autónomas y su capacidad de autogobierno, en palabras del Tribunal Constitucional, se manifiesta sobre todo en la capacidad de elaborar sus políticas públicas en materias de su competencia (SSTC 13/1992 FJ.7 y 192/2000 FJ.7). En consecuencia, el control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno reside por una parte, en la jurisdicción contenciosa administrativa mediante un control debilitado y limitado a los aspectos formales, procedimentales y competenciales (es decir, los elementos reglados de los actos) y, de la otra, en la jurisdicción constitucional. Los actos políticos del Gobierno y el ejercicio de sus potestades discrecionales solo están sometidos a la Constitución y al bloque de la constitucionalidad, en el que se inserta el Estatuto de autonomía de Catalunya, y su control tiene que respetar en todo caso el principio de la división de poderes y la posición institucional del Gobierno, teniendo en cuenta la existencia de un núcleo de discrecionalidad indisponible.