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Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Esta adenda añade datos nuevos al intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre autoridades fiscales. Los datos añadidos responden a la actualización de 2023 del Estándar común de comunicación de información de la OCDE. España se considera firmante desde el 26 de noviembre de 2024.

España acepta una enmienda al Convenio de la Comisión Económica para Europa de la ONU sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en medio ambiente. La enmienda añade un artículo sobre la participación del público antes de autorizar la diseminación voluntaria en el medio ambiente y la comercialización de organismos modificados genéticamente.

España ratifica el Convenio del Consejo de Europa contra la manipulación de competiciones deportivas. El Convenio obliga a los Estados a prevenir, detectar y sancionar los amaños de partidos, y a cooperar entre autoridades, organizaciones deportivas y casas de apuestas. España se reserva no aplicar una parte del artículo 19 sobre competencia judicial.

Establece un marco de cooperación entre autoridades marítimas de varios países y agencias europeas para intercambiar información y documentos no clasificados a través del Entorno Común de Intercambio de Información (ECII). Regula las funciones de cada parte, el intercambio de datos, la seguridad, la protección de datos y las responsabilidades.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

España ratifica el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, que regula el derecho de las personas a pedir y recibir documentos de las administraciones. Incluye reservas para mantener el secreto estadístico, tributario y de la Seguridad Social, y declara que las comunicaciones con la Familia Real pueden limitarse.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre mecanismos y estructuras que se usan para eludir la comunicación de datos fiscales. Define qué se considera mecanismo sujeto a comunicación, los plazos y el procedimiento del intercambio, y las reglas de confidencialidad.

Establece un anexo de intercambio de datos entre los ministerios de Defensa de España y Estados Unidos para desarrollar información sobre sistemas navales tácticos de mando, control, comunicaciones y ordenadores (C4) y sistemas de apoyo o interfaz. Cubre investigación, diseño, software, seguridad y redes de estos sistemas.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.

Sustituye el anexo del Acuerdo de 2011 sobre protección de información clasificada intercambiada en la UE. El nuevo anexo recoge qué denominación usa cada Estado miembro para cada nivel de clasificación de seguridad de la UE.

La adenda añade al acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra un marco para intercambiar información documental y jurisprudencial. Cada institución da a los jueces del otro país acceso a sus bases de datos jurídicas y ofrece formación para usarlas.