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Regula la solución pública de facturación electrónica prevista en el Real Decreto 238/2026. Establece su contenido técnico, el procedimiento para emitir e interconectar facturas, la comunicación de estados de pago y los servicios de consulta y descarga. También fija cómo autenticarse para acceder a ella.

Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución y se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. Este registro inscribe los alias (nombres cortos) que empresas y Administraciones usan para enviar mensajes SMS/MMS/RCS. La circular fija el procedimiento y los plazos de inscripción.

Crea un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y fija las reglas para inscribirse en él. Establece normas de conducta para los grupos de interés, un informe de huella normativa y un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. El cambio busca facilitar que los titulares de alias puedan actuar ante el registro sin depender de un certificado digital, tras superarse las 75.000 solicitudes en dos meses.

La ley regula la transparencia de la actividad pública en Euskadi. Establece obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y cauces de participación ciudadana. También crea la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena y un régimen sancionador.

Crea y regula el Foro de Gobierno Abierto, un órgano de participación formado por representantes de las administraciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil. Establece sus fines, composición, funcionamiento, secretaría, comisión permanente y grupos de trabajo.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Deroga la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. La derogación incluye una disposición transitoria sobre los procedimientos en tramitación y una disposición final sobre su entrada en vigor.

Fija cómo los representantes de candidaturas electorales proclamadas piden y reciben por internet una copia del censo electoral vigente. Las juntas electorales envían las candidaturas proclamadas a la Oficina del Censo Electoral y las solicitudes se presentan por la sede electrónica del INE con Cl@ve. Sustituye a la Instrucción 3/2023.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

Regula el Registro de Alias que gestiona la CNMC, donde las empresas y administraciones públicas deben inscribir los nombres alfanuméricos que usan como remitente en mensajes SMS/MMS/RCS. Los operadores deben bloquear los mensajes con alias no inscritos o enviados por proveedores no habilitados.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.